TSJ favoreció daños ambientales en el Arco Minero del Orinoco

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La diputada María Gabriela Hernández, señaló que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al declarar la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley de Ambiente, no sólo se contrapone a lo establecido en el Tratado de París sobre cambio climático, suscrito por el gobierno, sino que desampara aún más nuestras riquezas naturales, frente a los daños que ya está ocasionando la explotación de oro en el llamado Arco Minero.

Hernández recordó en una nota de prensa que Venezuela fue uno de los primeros países que suscribió el referido tratado, el cual entró en vigencia en noviembre de 2016, comprometiéndose con el resto de las naciones en los esfuerzos para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y sus efectos sobre el cambio climático en el mundo.

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“La norma ambiental atacada por el TSJ  hace un desarrollo legislativo de la obligación que han asumido todos los países para la disminución de los gases invernadero, y para la adaptación de las comunidades al fenómeno del cambio climático”, resaltó la parlamentaria.

“Es  como una hipocresía hacia dentro y hacia el mundo, porque lo aprueba (el tratado) y cuando lo tratamos de desarrollar legislativamente para que tanto la disminución de los gases de efecto invernadero, como la adaptación, que son dos de los principales objetivos del Tratado de París, se implementen, sencillamente lo echan para atrás”, prosiguió.

Asimismo, la diputada indicó que el fallo del máximo juzgado no sólo contaría la política ambiental del propio gobierno, plasmada en el llamado Plan de la Patria en su quinto objetivo, sino que también estaría volteando la mirada a la hora de reconocer los daños que está produciendo en el llamado Arco Minero, con la intervención de 150 empresas trasnacionales, que representan a 35 países, en 111.843,70 kilómetros cuadrados al sur del país, extensión que alcanza el 12 por cierto de nuestro territorio.

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“La sentencia de la instancia judicial dejó de lado intereses del país por un interés proselitista y partidista, que se traduce en el supuesto desacato de la Asamblea Nacional”, aseveró.

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