La sesión ordinaria de la Asamblea Nacional correspondiente a este martes, inició con un debate sobre la presunta masacre cometida por efectivos militares en el marco de una Operación de Liberación del Pueblo en Barlovento, estado Miranda.
Con la venia del presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, los familiares de las víctimas ingresaron al hemiciclo para exponer lo sucedido. Antes de ello, ejerció el derecho de palabra la diputada Delsa Solórzano, quien ha hecho seguimiento al caso, dado que es la presidenta de la Comisión de Política Interior.
“Desde el 13 de octubre hasta el 11 de noviembre recibimos denuncias sobre la actuación del ejército venezolano, quienes sin mediar palabra y sin ningún tipo de orden de captura porque ninguno tenía antecedente, se llevaron a 30 ciudadanos sin justificación. Hoy son 12 fallecidos y 3 desaparecidos, porque hoy recibimos otra denuncia”, expresó.
Señaló que este mecanismo de seguridad ciudadana se corresponde a un exterminio, porque en lugar de proteger, se ha encargado de “asesinar” a personas, cuyo delito es “vivir en una zona popular”.
Jeny Díaz, representante de Rafael, un joven de 17 años, exigió a todos los parlamentarios que no politicen el tema, sino que busquen la manera de hacer justicia ante el proceder de estos funcionarios.
“Mi hijo está estudiando quinto año. Se lo llevaron el 16 de octubre, en short y descalzo. Me contó el día viernes que lo recuperé que, desde que fue montado en la patrulla recibió golpes en la cabeza y en las piernas. Le metieron corriente por sus partes íntimas. Lo amarraron como un saco de papa por órdenes del teniente coronel José Ángel Rojas Córdova (…) Sí somos pobres y ustedes están en mejor posición, pero no somos delincuentes”, narró.
Mientras la madre expresaba su angustia, el diputado del Gran Polo Patriótico (GPP), Edwin Rojas, escuchaba las versiones de los demás familiares.
Por su parte, el parlamentario Gilberto Pinto (Psuv) expresó sus condolencias e indicó que el Gobierno “bolivariano” rechaza este hecho “aislado” que empaña la imagen de la Fuerza Armada Nacional, la cual desde 1999 ha recibido el mandato de acompañar a los venezolanos en todo momento.
Indicó que ya estos efectivos fueron separados de sus funciones y serán juzgados ante la jurisdicción militar y ordinaria.
“Hemos asumido como Estado los errores del pasado. No podemos olvidar lo sucedido en Cantaura ni en el Caracazo. En ese sentido, hasta el momento han sido detenidos 11 militares: dos superiores y nueve tropas profesionales”.
En contraparte, ejerció el derecho de palabra el diputado de la unidad, Miguel Pizarro, alertando que no era la primera vez que las fuerzas del Estado cometían un exceso, por lo cual no debía catalogarse como un hecho aislado.
“La OLP, así como los otros 21 planes, han fracasado. Han fracasado cuando se le tiene miedo al empistolado que es azote del barrio como también al supuesto garante de la seguridad. No basta con tener palabras de condolencias ni rechazar la situación”, aseveró.
Puerto Cabello
En el segundo punto del orden del día, se aprobó un Proyecto de Acuerdo en solidaridad con las víctimas de las inundaciones en Puerto Cabello y en condena de la corrupción en la prestación del servicio de agua potable.
En ese sentido, el diputado Juan Miguel Matheus indicó que 20 sectores del estado Carabobo han sido afectados por las lluvias; especificó que según el reporte de Protección Civil, existen 825 familias afectadas, de las cuales 200 sufrieron la pérdida total de su vivienda.
“Y por si fuera poco en Puerto Cabello no hay agua ni luz, y hay delincuencia, porque incluso en medio de la inundación se ha desbordado el hampa en los 20 sectores”.
Destacó que la situación se pudiera evitar si el estado no estuviese sumido en la corrupción, por lo que el acuerdo consignado sugiere iniciar un proceso de contraloría social que incluya un planteamiento de infraestructura para solventar el problema de las víctimas; además que se les atienda psicológicamente porque a juicio de Matheus, hay miedo y desesperación.
Falta de efectivo
El Parlamento también aprobó un Proyecto de Acuerdo sobre los efectos económicos y sociales de la falta de efectivo. Para tratar el tema, tomó la palabra el diputado y economista José Guerra, asegurando que desde el 2008 hasta el año en curso, se ha registrado una inflación acumulada del 12 mil 100%.
“Un billete de 100 bolívares, cuesta su imprimir 10 centavos de dólar pero un billete de 10 mil también cuesta 10 centavos de dólar. Entonces por qué no se imprime un nuevo cono monetario. Será que tiene que ver con la importación de papel, de tinta y otros químicos. Hay que investigar este aparente negocio que hace el Banco Central de Venezuela (BCV)”, cuestionó.
En tal sentido, propuso ante la cámara que se le exija al BCV, la actualización del cono monetario de la siguiente manera: 500, 1000, 2000, 5000 y 10 mil bolívares, con el objeto de recuperar el poder adquisitivo que estaba en 2008.
En segundo y último lugar se exhorta al ente para que adopte una mecanismo que actualice constantemente el cono monetario, mientras se reporte un índice inflacionario de tres dígitos, con lo cual se minimizaría el costo de la impresión de billetes.
Finalmente la Junta Directiva convocó a sesión este miércoles a las 2:30 pm.
