Arquitecto Ángel García: La ciudad la planifican los invasores y no los especialistas

Lorena Quintanilla Muñoz | Fotos: JAO |

La controversia en torno al PDUL no pierde vigencia. Pese a que el instrumento expira en cinco meses y medio, el tema está de boca en boca. Una demanda por omisión en planificación urbana en contra del Concejo Municipal de Iribarren volvió a inquietar a la opinión pública, sobre todo a los estudiosos del Plan de Desarrollo Urbano Local.

La razón es explicita: Barquisimeto se quedará sin PDUL. Según los expertos, las consecuencias son incalculables. Se habla de caos y anarquía en dimensiones desproporcionadas.

Mientras se aguarda por la reforma del artículo 150 en su parágrafo único, de la ordenanza de reforma de la ordenanza del PDUL, el tiempo se agota. Ya el alcalde Alfredo Ramos hizo la petición a la plenaria, resta que los ediles, a través de una moción de urgencia, procuren la reforma del citado artículo.

El arquitecto Ángel García, autoridad en el caso, sostiene que el PDUL es la guía para el desarrollo de las ciudades. Desarrollo implica orden y planificación. Esa planificación se inició en los años 50, en las principales ciudades de Venezuela. En los años 60, el extinto Ministerio de Obras Públicas (MOP), impulsó la planificación urbana en los municipios de las capitales. Para ese entonces Barquisimeto era la tercera ciudad en población, tenía 600 mil habitantes.

El primer Plan de Desarrollo Urbano para Barquisimeto, propuesto por el MOP, se concreta entre los años 75 y 76. La iniciativa fue aprobada por el Concejo Municipal y comenzó a regir en un área de 14 mil hectáreas.

“Hubo un crecimiento de la ciudad bastante ordenado. El plan se cumplió en un muy buen porcentaje. En los años 90, el Concejo Municipal decide concebir un PDUL en Barquisimeto y para Barquisimeto, hecho en casa, para lo cual se suscitaron tres discusiones en el año 98. Fue aprobado en el 99. Sin embargo, surgieron dudas por parte de varios profesionales. La Asamblea Nacional Constituyente intervino y derogó el PDUL. Ordenó que se hiciera uno nuevo. Se conformó un grupo interdisciplinario de 24 personas, se analizó el plan y se hizo un trabajo de más de un año. En el año 2000 se le entregó al Concejo Municipal. El resultado, en el año 2001, fue una reforma a la ordenanza de zonificación y diseño urbano”, recordó el urbanista.

Error de cálculo

García mencionó que la Ley de Ordenación Urbanística soporta que un PDUL tiene una vigencia de 15 años. En nuestro caso hubo un error de cálculo. Si bien el PDUL emergió en el año 2001, el definitivo se publicó en el 2003, es decir, su vencimiento debería ser en el 2018 y no el 31 de diciembre de 2016.

Entre 2014 y 2015, el Concejo Municipal, gremios y especialistas, acordaron revisar el PDUL en virtud de una serie de modificaciones de más de 50 artículos relacionados con la ordenanza. Se efectuaron consultas en las comunidades, hubo un par de reuniones y consideraciones entregadas a los ediles, no obstante, ha imperado el silencio oficial.

Lo que está en discusión es que a los concejales se les entregó el material para aprobar la reforma de la ordenanza y eso no pasó, reiteró.

A juicio del arquitecto, cinco meses y medio no alcanzan para reformar la ordenanza.

“La experiencia me dice que eso tarda al menos nueve meses. Luego que los ediles aprueben en dos discusiones la ordenanza, la misma se eleva a consideración del Ministerio de Habitat y Vivienda, ente que debe retornarlo con las correcciones al Concejo para finalmente promulgarlo. Eso no se hace en cinco meses. Los expertos lo saben. La solución es reformar el artículo 150 hasta el 2018; en ese tiempo buscar los recursos para un nuevo PDUL”, apuntó.

¿Por qué un nuevo PDUL?

El primer PDUL se elaboró con base en 14 mil hectáreas. El segundo sobre 27 mil hectáreas. En la actualidad la ciudad ha crecido 4.8 Km en dirección a Quíbor y 2.8 Km en dirección a Duaca, es decir, fuera del área urbana. Hoy en día se habla de alrededor de 36 mil hectáreas, explico el entrevistado.

Apunta que el problema es que la ciudad ha crecido (no desarrollado) desmesuradamente, en consecuencia, la calidad de los servicios se ha ido a pique, al igual que la vialidad, drenajes y electricidad. No hay forma de atender medianamente los requerimientos de la población. “Sin PDUL la ciudad quedaría sin ley. El caos sería mayor. No se podrán sacar permisos de construcción. Ningún banco querrá otorgar un préstamo sin los permisos legales para construir. Sin mencionar que la ciudad tiene un déficit de servicios”.

Enfatizó que el Concejo Municipal está obligado a revisar las opiniones de la comunidades, pero también las sugerencias de los técnicos. “La comunidad ve lo inmediato, a corto plazo. A nosotros nos formaron para ver las cosas a largo plazo pensando en los 500 años de Barquisimeto con unos 2.300.000 habitantes. Los planificadores, urbanistas y arquitectos tenemos una gran frustración porque parece que la ciudad la planifican los invasores y no los especialistas”.

Peligro en el Cono de Seguridad

El Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren empleó la declaratoria de ejidos para cumplir un fin evidentemente ilegal, como es no sólo apropiarse de inmuebles que le pertenecen a la República y que son de dominio público, sino también, para violentar todas las reglamentaciones nacionales e internacionales que prohíben los asentamientos urbanos en las áreas de seguridad adyacentes a los aeropuertos.

“Los pilotos comentan que personas que habitan el Cono de Seguridad les disparan a los aviones al momento del aterrizaje. Cuando el avión va a unos 200 Km/hora, a una altura de 30 Mts, es un blanco fácil para la gente sin conciencia. Los accidentes son factibles. El llamado es a las autoridades para que se despeje la zona de seguridad. Hay que tener un poco de conciencia. Las consecuencias y sanciones penales para quienes aprobaron la declaratoria de ejido y para quienes refrendaron eso serán graves, sin mencionar la culpa en el caso de un accidente”.

Aeropuerto – Cono de Seguridad

Por otra parte, el arquitecto Ángel García, recordó que el aeropuerto es un espacio de uso institucional, y como tal, no puede modificarse el área de aproximación llamada Cono de Seguridad.

“Eso se llama cono porque su forma es cónica, eso no es un invento. El vértice del cono es el punto donde las aeronaves tocan tierra”.

El Cono de Seguridad implica más o menos 5 Km.

Actualmente, el área cerrada del aeropuerto, de 206 hectáreas aproximadamente, comprende el aeroclub, terminal, estacionamiento, pista de aterrizaje y rodaje, Base Área y área de equipos de radio en la zona sur.

“En este momento, en el Cono de Seguridad quedan libres apenas 83 hectáreas. El resto esta ocupado. En los últimos siete años, en 142 hectáreas, se han construido ilegalmente alrededor de 3.000 viviendas la mayoría en parcelas de 200 Mt2. Con 36 hectáreas, en otra área de la ciudad, era más que suficiente”.

La pista, de 2.860 Mts, debiera ampliarse unos 500 Mts. El desarrollo de una ciudad se inicia por el aeropuerto.

Consecuencias

La ciudad pudiera perder su aeropuerto. Una demanda contra el Concejo Municipal de Iribarren por incorporar como ejido a todo el Aeropuerto de Barquisimeto fue introducida ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. No sólo se incorporó como ejido el área donde se encuentra el edificio aeroportuario (aduana aérea de Barquisimeto), sino también la pista principal y la calle de rodaje de aviones. Se declaró ejidos todos los lotes de terrenos que incluyen al aeropuerto internacional Jacinto Lara, la Base Aérea Vicente Landaeta Gil (incluye al aeropuerto mismo y todas sus instalaciones, las pistas y las áreas de seguridad) con el fin de regularizar a las familias asentadas en lo que se denomina el Cono de Seguridad del Aeropuerto.

“Las autoridades no pueden olvidar que el aeropuerto va más allá de lo municipal y nacional. Lo rige un organismo internacional. Cuando verifiquen que hay problemas en la aproximación de las aeronaves le quitarán la certificación internacional y ninguna compañía de seguros querrá asegurar los aviones, así nos quedaríamos sin vuelos.

Resolver el problema de vivienda de esas 2.000 mil familias cuesta menos de la décima parte que puede costar un nuevo aeropuerto. La cifra no baja de 50 mil millones de bolívares, eso implica dejar al estado Lara sin presupuesto unos tres años”.

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