Sin permitir preguntas de la prensa, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, declaró este martes para informar que, en el marco de las protestas que iniciaron este mes, se han producido 26 muertes y 1289 detenciones.
Indicó que de los fallecidos, 22 se corresponden a adultos y cuatro a adolescentes; de lo ocurrido en El Valle, ocho perdieron la vida electrocutados mientras que 10 personas han sido detenidas. Destacó que, según los testimonios de los vecinos, grupos delictivos del sector aprovecharon que algunos se encontraban “caceroleando” para atentar contra la propiedad privada.
En ese sentido, y calificándose como “una mujer de paz”, rechazó los actos violentos como arma de acción política, que en lugar de coadyuvar a la estabilidad de la nación, la empeora.
“A penas estamos comenzando las investigaciones y estamos trabajando para que se sancionen a los responsables y no haya impunidad”, apuntó al tiempo que mencionó que por el caso de la sede de la Magistratura, en Chacao, se encuentran privadas nueve personas.
Ortega Díaz admitió que en el estado Táchira, un grupo de motorizados armados robaron una vivienda y posteriormente huyeron hacia el lugar donde perdió la vida Paola Ramírez (23), sin embargo, como titular de la acción penal, únicamente se preocupó por enfatizar que Yván Pernía, vinculado a Vente Venezuela, fue el responsable de la muerte por haber disparado desde la azotea de un edificio, que luego fue allanada.
Es decir que para la Fiscal pareciera no tener importancia la presencia de colectivos en las calles, quienes, a la vista de los cuerpos policiales, amedrentan con golpes, disparos, amenazas y robos a los que disienten del Gobierno.
Por el caso de Gruseny Canelón, subrayó que hay 14 órdenes de captura, y otras dos que no precisó. Igualmente, 437 personas han resultado lesionadas, de las cuales 247 han sido por derechos fundamentales, 182 por delitos comunes y el margen que resta no lo mencionó.
Detenidos
Al 25 de abril, el Foro Penal Venezolano (FPV) registraba 1540 arrestos, cifra que no coincide con la ofrecida por la Fiscalía: 1289. Al menos 217 personas serían presentadas este martes y 65 se encontraban con privativa de libertad.
“El Ministerio Público ha solicitado la libertad plena en algunos casos por no formar parte de acciones delictivas, según lo que reflejan las actas policiales. Se ha velado por la integridad de las personas privadas de libertad”, dijo haciendo énfasis a 38 detenidos en Nueva Esparta que fueron trasladados por el CICPC, sin tener conocimiento de las circunstancias de la aprehensión.
“Es difícil para nosotros determinar cuál es el delito que se cometió si no se describe la conducta desarrollada. Por lo cual se impide la imputación de delitos por carencia absoluta de la más mínima información. Por esta razón y apegados a la ley, solicitamos la nulidad de estas detenciones, sin embargo, tal petición no fue acogida por el tribunal, quien optó por mantenerlos detenidos hasta la presentación de fiadores”, argumentó.
La Fiscal aclaró que el artículo 44 de la Constitución establece que los ciudadanos solo podrán ser aprehendidos en flagrancia o por medio de una orden judicial. Si se tratase de la primera modalidad, es deber del cuerpo policial sustentar en un acta las circunstancias en las que fue sorprendido el sujeto, sin necesidad de expresar cuál es el delito porque le corresponde al fiscal designado. Tal escenario da cuenta que hay discrepancia entre los tribunales, la actuación del CICPC (adscrito al Ministerio de Interior y Justicia) y el Ministerio Público.
“Este tipo de situaciones deben ser revisadas y las actas policiales bien redactadas. El país necesita seguridad jurídica, por eso debe haber certeza de que si la persona cometió un delito, debe ser sancionada. Si esa persona no cometió delito, no puede recibir castigo. Aún y en los estados de excepción, no se puede suspender el debido proceso y estoy obligada a garantizar este derecho”, expresó.
Para finalizar, invitó a todas las fuerzas políticas a bajar el tono y el discurso de confrontación, así como también a abandonar las descalificaciones; asomó la idea nuevamente de implantar un diálogo en el país, con interlocutores válidos, a fin de construir acuerdos que permitan salidas “constitucionales y democráticas”.
“Nadie desea para nuestro país un escenario bélico, una guerra civil y mucho menos, una injerencia extranjera. Esto sería un retroceso. La paz no se decreta, se construye con actuaciones y ejemplos”, puntualizó.
