Se incrementa la violencia en Lara

Pacífico Sánchez | Foto: Stiven Valecillos/ Ángel Zambrano |

Los jóvenes están siendo reclutados por el crimen organizado a cambio de comida, en el 150 por ciento ha aumentado los casos de muerte por resistencia a la autoridad en el estado Lara, donde además se han registrado decapitaciones, descuartizamientos y ensañamiento en los homicidios.

Estos son algunos de los aspectos relevantes del informe elaborado por el Observatorio Venezolano de la Violencia, Capítulo Lara, según dio a conocer su coordinador en la región, el sociólogo Carlos Alberto Meléndez Pereira, quien visitó la Redacción de EL IMPULSO en compañía del periodista Jesús Oviedo, de esa organización.

El hambre acecha

La violencia en general en nuestro país, al hacer un balance de los asesinatos perpetrados en el año que recién terminó hace cuatro días, estuvo asociada a dos factores: Uno, el deterioro de la calidad de vida, que se pudo apreciar en el delincuente que roba por hambre, el del individuo que va a la calle a apoderarse de una bolsa de comida o de un “diablito” o una harina para comer.

También se ve reflejado en el aumento de los saqueos, de los robos a camiones que distribuyen alimentos.
Nuestros jóvenes, que son víctimas y victimarios, están siendo reclutados por el crimen organizado. Ya no por el ofrecimiento de una moto, ni por un balón, o por un par de zapatos, sino por comida.

Esto está siendo propiciado por las pandillas, las bandas y las megabandas que operan a lo largo y ancho de Venezuela. Antes se decía que la violencia estaba asociada a la desigualdad y a bienes suntuarios. Ahora, a los alimentos. La retribución es satisfacer el hambre.

Y el otro factor es el Estado venezolano, donde se observan dos características fundamentales: Una es que la tasa de homicidios, en comparación con el año pasado, se redujo por tres hipótesis interesantes: Primero, hay menos homicidios, porque hay menos homicidas.

Existe una política deliberada e intencional de atacar la violencia con más violencia. En Lara las muertes por resistencia a la autoridad aumentaron en más del 150 por ciento. La policía y los órganos de seguridad del Estado se hicieron más violentos.

Y esto no quiere decir que haya menos violencia, porque los delitos se mantienen y lo que se reduce es el número de homicidios.

Otro elemento es que a medida que se profundiza más el crimen organizado en las sociedades hay una especie de paz criminal. Hay pactos, que no significan disminución en los sucesos o los delitos, sino que al final los acuerdos terminan en una reducción de los homicidios.

Y el tercer aspecto es que en los tiempos de protestas, la incertidumbre con la modificación de los cuerpos de seguridad del Estado hizo menos posible que el crimen organizado operara ampliamente. Y eso explica la reducción de muertes violentas observada en el estado.

Lara vivió una situación muy impresionante como fue los niveles de ensañamiento con que se produjeron los hechos de violencia. Durante todo el 2017, a partir de enero, comenzamos a ver decapitaciones, descuartizaciones, asesinatos con más de diez disparos de armas de fuego.

Al mismo tiempo se pudo apreciar que las personas de la tercera edad fueron víctimas de la violencia. Vimos cómo en la comisión de robos, los delincuentes se introducían a las residencias de los sectores populares y al final cuando los adultos mayores se oponían al robo terminaban siendo descuartizados. Es preocupante que esos casos se hayan producido en nuestra entidad federal.

Otra cosa es la violencia política. Por una parte, el Estado decide enfrentarse y administrar la protesta, así como las libertades políticas.

Se vieron situaciones preocupantes como la articulación criminal de los órganos de seguridad del Estado con civiles armados. Quien debía ser enemigo por naturaleza de los órganos de seguridad del Estado ahorita es un brazo operativo.

Y eso al final dice que el Gobierno termina legitimando la actuación de la delincuencia. Queda en altos niveles de inseguridad a la sociedad. Recoger eso será difícil.

Y por la otra parte, es que el Gobierno actuó de manera deliberada sobre la base de la impunidad. Las cárceles, la policía, tribunales y fiscales hay que revisarlas.

Los penales ya no incapacitan a los delincuentes, sino que se convirtieron en centros de operaciones de los antisociales, para realizar todo tipo de delitos, desde sicariatos hasta la extorsión.

Los cuerpos policiales, además de corrompidos, han sido desarticulados por altos niveles de migración. Los funcionarios terminan yéndose o incorporándose a empresas de vigilancia privadas. Son reemplazados por personas que no han sido preparadas para ejercer las funciones que deben cumplir.

Es por ello que hay aumento en el número de muertes por resistencia a la autoridad, que no podemos pasar por alto.

Sin cifras oficiales

Ese análisis, explicó, se ha hecho desde tres fuentes: 1) Observatorio de prensa, mediante el cual contabilizamos y tomamos como referencia, entre otros diarios, a EL IMPULSO; 2) las encuestas de victimización; y 3) los estudios especiales que hacemos durante todo el año, así como los datos oficiales que obtenemos de forma extraoficial.

A la fecha se cumplen 14 años que el Gobierno dejó de suministrar cifras sobre la situación de violencia.

Somos el segundo país más violento del mundo, después de El Salvador, que concluyó con una tasa de 100 por cada cien mil habitantes.

Ecuador registró una tasa de 4, el Perú con 7, Costa Rica con 14, Brasil con 30 y Colombia con una de las reducciones más importantes de los últimos veinte años al alcanzar 23 por cada cien mil habitantes.

Venezuela terminó el 2017 con una tasa violenta de 89 homicidios por cada cien mil habitantes. Se registraron 26.616 muertes violentas.

En Lara la tasa de violencia se ubicó en 52 muertes por cada 100 mil habitantes, que equivale a 1050 personas. Esto se traduce a 2.8 homicidios al día o lo que es lo mismo, veinte crímenes por semana.

La tasa de Iribarren es la más alta: 82 muertes violentas.
Una sociedad se considera altamente violenta cuando supera 33 por cada cien mil habitantes.

Meléndez Pereira precisó que el concepto de violencia para el Observatorio es interpersonal. Está la violencia delincuencial y la violencia política, pero lo que se trabajó fue en la primera de las mencionadas.

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