La incertidumbre es la característica común entre empresarios y trabajadores. La reforma a la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) es tan secreta como el estado de salud del presidente Hugo Chávez.
Así inició su disertación sobre el tema, el abogado constitucionalista Joel Rodríguez Ramos, quien consideró urgente la publicación del proyecto sobre la principal normativa que rige las relaciones laborales del país y su discusión con todos los actores. «Recientemente el Presidente reiteró que la LOT va a salir vía Ley Habilitante, situación que contradice el mandato constitucional que posee la Asamblea Nacional de legislar en la materia».
El jurista señaló que devolver el carácter de retroactividad sobre las prestaciones sociales sin un estudio profundo de sus consecuencias, podría generar un problema muy serio a las empresas públicas y privadas. «¿Tendrá el Estado cómo resolver económicamente a tan alto compromiso con sus trabajadores? En esta situación también nos encontramos frente a un problema jurídico, y es que la Ley Habilitante fue otorgada por la anterior Asamblea Nacional, con el supuesto objetivo de tomar decisiones por la situación de emergencia causada por las lluvias».
Si bien este poder especial le permitía al Jefe de Estado mejorar la realidad de los damnificados del país, la mayoría de las leyes y reglamentos aprobados en nada se relacionan con la resolución de la emergencia. «El Presidente no está facultado para legislar. Esta acción le corresponde a la AN».
A su juicio, el consenso nacional entre empresarios, el Estado y trabajadores, es esencial para lograr un reglamento equilibrado. «Estamos a las puertas de una elección electoral y corremos el riesgo de que por ganar puntos políticos, se ponga en riesgo la estabilidad de los trabajadores y las empresas. Lejos de beneficiar al país lo perjudica». En este sentido, la reforma a la LOT desnuda una realidad económica que no se puede ignorar. Cada vez con mayor fuerza, los venezolanos ponen sus esperanzas sobre el pago de utilidades y prestaciones sociales, como los medios económicos esenciales para responder a sus compromisos económicos. «Se descuidó la legislación en materia de seguridad social. Ha sido un tema profundamente ignorado por las autoridades».
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