Intervención de Banesco genera rechazo entre los venezolanos

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La decisión del gobierno venezolano de intervenir el mayor banco privado del país tras la detención de 11 de sus directivos generó incertidumbre entre los venezolanos el viernes, cuando faltan casi dos semanas para las elecciones presidenciales.

La intervención por 90 días de Banesco fue objetada por el propietario de la entidad, Juan Carlos Escotet, quien consideró el proceso una «decisión exclusivamente política» que busca distraer la atención de los venezolanos agobiados por la hiperinflación, la fuerte recesión económica y una severa escasez de alimentos, medicinas y dinero en efectivo.

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En un mensaje que difundió en su cuenta de Twitter, Escotet descartó que la intervención implique una estatización y sostuvo que los accionistas mantienen la propiedad del banco, que tiene más de ocho millones de clientes y controla cerca de 40% de las operaciones financieras en Venezuela.

El empresario agregó que la «desproporcionada» medida tiene relación con la implantación de un nuevo sistema monetario que le quitará tres ceros al bolívar a partir de junio y advirtió que el sistema de pagos en Venezuela está cada día más próximo al «colapso».

El superintendente de bancos, Antonio Morales, pidió el viernes a los clientes de Banesco mantener la calma y confirmó a la cadena local Unión Radio que «ha habido retiros importantes» de dinero que están siendo monitoreados por las autoridades.

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Añadió que la entidad está operando con normalidad y que se espera que en dos meses la junta interventora presente un informe sobre el caso.

A los cuestionamientos se sumaron opositores y analistas que advirtieron que la intervención profundizará los desequilibrios en medio de la compleja crisis económica que afronta el país.

«Esto lo que agravará son nuestros problemas», expresó Richard Parada, un empleado de seguridad industrial de 33 años, al rechazar la intervención de Banesco que decidió la víspera el gobierno de Nicolás Maduro luego del arresto del presidente de la institución y otros 10 directivos por presuntamente facilitar o encubrir ataques contra la moneda venezolana.

Mientras hacía una larga fila de varias decenas de personas a las puertas de una de las agencias capitalinas de Banesco para retirar algo dinero efectivo, Parada sostuvo que «todo lo que agarra este gobierno lo acaba».

El gobierno adquirió en 2009 el Banco de Venezuela, entonces el tercer banco del país, con lo que pasó a manejar más de 20% del mercado financiero, que sumado ahora a Banesco le permitirá controlar más de la mitad del negocio bancario venezolano.

«Si ellos quieren investigar que investiguen, pero no tienen que intervenirlo», dijo Franklin Carrillo, un contador de 25 años, y agregó que con la intervención el gobierno lo que busca es «crear incertidumbre» a pocos días de las elecciones presidenciales del 20 de mayo.

Maduro figura como favorito para lograr la reelección por seis años más en unos comicios que han sido cuestionados por la oposición venezolana que llamó a un boicot contra la consulta. Estados Unidos, la Unión Europea y varios gobiernos de la región han rechazado el proceso y han advertido que no reconocerán los resultados.

La intervención de Banesco se da en el marco de la operación denominada «manos de papel» que activó el mes pasado el gobierno para desmontar una supuesta red financiera que se dedicaba al contrabando de billetes hacia Colombia y a manipular la tasa de cambio en el mercado negro que superan más de 10 veces la tasa oficial.

Como parte de la operación las autoridades han detenido a 134 personas, han realizado 300 allanamientos y congelado 1.380 cuentas bancarias de las cuales unas 1.000 pertenecen a Banesco.

Entre los arrestados está el presidente ejecutivo de Banesco, Oscar Doval García. Los 11 fueron detenidos el jueves por la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

El economista y director de la firma local Ecoanalítica, Alejandro Grisanti, consideró «errada» la estrategia de la operación «manos de papel» y dijo a la emisora local Éxitos que el gobierno busca establecer un «Estado policial en el sector económico» que agudizará los desequilibrios en el mercado financiero.

Venezuela enfrenta desde el año pasado una creciente escasez de dinero en efectivo que las autoridades asocian al contrabando de billetes, pero que según los analistas es consecuencia de la hiperinflación que, de acuerdo con la Asamblea Nacional -controlada por la oposición-, en marzo se alcanzó una tasa anualizada de 8.878,1%.

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