Padre Arturo Peraza: Ni habilitante ni decreto para atacar crisis económica

Pacífico Sánchez. Fotos: Steven Valecillos |

Un decreto de emergencia es menos que una ley habilitante, expresa el padre Arturo Peraza Celis, provincial de los jesuitas en Venezuela.

Seguidamente pregunta, en clara alusión al presidente Nicolás Maduro: Si con lo más lograste menos, ¿con lo menos que vas a lograr?

No se necesita ley habilitante, ni decreto de emergencia para atacar la crisis económica, sostiene.

-¿Qué se necesita?

-Diálogo de un lado y otro. Sentarse con los empresarios y los productores, con los trabajadores. Llegar a acuerdos basados en reglas claras y permanentes, para que las posibilidades nos conviertan en un país productivo.

¡Ah mundo, Barquisimeto!

Acompañado del politólogo y profesor universitario Piero Trepiccione, el padre Peraza Celis visitó EL IMPULSO, donde fueron recibidos por el Jefe de Redacción de este diario, José Ángel Ocanto.

-Usted estuvo muy joven aquí, en Barquisimeto…- le comentamos.

-Aquí tenemos el noviciado de los Jesuitas, donde realizamos la primera etapa de formación. Durante año y medio estuve en Brisas del Aeropuerto, cerca de la carrera 60 y en Lomas de León. Después he venido muchísimas veces.

-¿Cómo ve al Barquisimeto actual en comparación con el de aquel tiempo?
-De joven uno podría caminar, entre las ocho y las nueve de la noche por el oeste, tranquilamente, porque no sentía que podía pasar algo. Era una comunidad pobre con dificultades, pero donde había mucha solidaridad y deseos de progresar. Había situaciones de delincuencia, sin embargo no se sentía ese ambiente de inseguridad de ahora. En Navidad teníamos la posibilidad de formar una parranda por las noches y en las mañanas.

El martes tuvimos un encuentro con la gente de Lomas de León, 12 de Octubre, El Garabatal, La Carucieña y otros sectores de la parroquia católica Jesús de Nazareth. Ya a las siete los asistentes comenzaron a abandonar la iglesia. “Padre, me voy porque ya es de noche”, me decían porque sentían temor. Es razonable el temor. Cuando tú me pides comparación yo hubiera dicho que en aquel momento del pasado la gente se habría quedado para compartir, porque era parte de la dinámica de Barquisimeto de entonces.

Estructuras de violencia

-Sin embargo -observamos- el oficialismo insiste en negar la inseguridad y alegra que la gente lo que tiene es una sensación.

-Si yo tengo la sensación de que el brazo izquierdo se me duerme, me duele la mandíbula y tengo un dolor en el pecho, no sé si es un infarto, pero se parece bastante. ¿Qué quiero decir con esta imagen? Si la gente tiene una sensación de inseguridad, esa no es de gratis.

No solamente hay bandas delictivas formadas por menores de edad, sino que existen grandes grupos de mafiosos que forman estructuras de violencia, que está fracturando a la sociedad venezolana.

-¿Cómo se explica que en las cárceles, donde los presos deberían estar más seguros, de repente les tiren granadas, como ocurrió esta semana en Aragua?

-Yo estuve trabajando durante varios años en el sistema penitenciario como defensor de los Derechos Humanos. Los problemas carceleros nos han acompañado desde hace mucho tiempo. Lo que ha habido es un proceso progresivo y sistemático. Ciertamente, la inseguridad que se vivía hace treinta años en Barquisimeto respecto a ahorita no guarda ninguna relación: se ha desproporcionado. De igual manera tenemos que hablar del sistema penitenciario. Y como este, de otras cosas más. Ha habido un agravamiento de situaciones en el país, porque en vez de abordar seriamente políticas públicas acertadas a los problemas que estamos enfrentando, se han dejado a un lado y, prácticamente, a grupos mafiosos. El Estado tiene gravísimas responsabiolidades. Y cuando hablo de Estado me refiero al gobierno, al Poder Judicial e incluso al Poder Legislativo; es decir, al Estado como un todo institucional.

Cuando me habla de la utilización de granadas, tampoco es nueva esa práctica por parte de la delincuencia. Recuerdo la escena de un director de una cárcel que realizó la filmación de un guardia nacional cuando dejaba caer una granada, evidentemente asegurada, para que de ella se apoderase un reo. Pero, increiblemente, el sancionado fue el funcionario y no el uniformado.

Fue creado un ministerio penitenciario, pero no aplicaron las políticas para enfrentar el problema carcelario. Los chicos que entran a los penales por la comisión de delitos menores terminan haciendo el curso mayor de delincuentes, apropiñandose de conductas que empeoran sus condiciones de vida.

Revancha política

-¿Cómo ve la forma en que Lilian Tintori fue desvestida ante sus hijos antes de ver a su marido, Leopoldo López?

-Inaceptable. Lamentablemente, igual tratamiento recibe la mayoría de mujeres que cada vez van a las cárceles. No hay necesidad de eso. Porque si se pone un detector de metales, como los que funcionan en los aeropuertos, y otros mecanismos, se podría ejercer un efectivo control en las visitas a los penales. Son funcionarios los que dentro del sistema penitenciario están promoviendo el pase de armas, drogas y otras cosas. La violación de los Derechos Humanos es la punta del iceberg de los centros penitenciarios. En el caso de la señora Tintori hay connotaciones políticas claramente y de revancha política.

-Cuando ex jefes de Estado, el secretario general de la OEA y últimamente Rajoy se pronuncian sobre derechos humanos en Venezuela, el gobierno denuncia injerencia extranjera. ¿Se atenta contra la soberanía?

-No han entendido y no conocen el tema de los Derechos Humanos. Ni siquiera quieren reconocer las normas constitucionales sobre esa materia. El artículo 31 establece la obligación del Estado venezolano de acatar las órdenes de los organismos internacionales sobre Derechos Humanos. Cuando se habla de estos es porque se requiere dar mayor amplitud y posibiidades a los ciudadanos en todo lo relacionado con sus derechos, ya sean políticos, económicos o sociales. Los voceros del Gobierno citan situaciones anteriores como medio de ocultamiento o “como aquellos lo hicieron antes, yo también puedo hacerlo también”. Mencionan a Cantaura y El Caracazo, pero por cierto la ong defensora de los Derechos Humanos Cofavic ha sido agredida múltiples veces por parte del Estado venezolano, siendo la orgnización que se encargó de llevar adelante la defensa de las víctimas de El Caracazo, que hoy quiere el Gobierno reivindicar como un caso suyo; pero, ni siquiera ha acatado las decisiones de la Corte Interamericana en esa materia. Y como ese hay cantidad de casos.

-En este sentido, ¿qué se puede decir de la Defensoría del Pueblo?

-No está haciendo lo que debería hacer. Tengo serios señalamientos sobre cómo está procediendo, en el sentido de que él tiene la responsabilidad de asumir las investigaciones en torno a los casos planteados por las organizaciones de Derechos Humanos y activar las transformaciones necesarias en el Estado para que, efectivamente, se apliquen las decisiones de los organismos dentro del Estado venezolano. Y no excusar a éste de las situaciones que no deberían ser excusadas.

Desapareció el Estado de Derecho

-¿Será aprobada o no la Ley de Amnistía y en caso de que no se le dé vigencia, se crearía un conflicto de poderes entre la Asamblea Legislativa con el Ejecutivo y el Judicial?
-No tengo una bola de cristal. No soy Harry Potter –ríe- Lamentablemente aquí desapareció el Estado de Derecho. Cuando digo esta frase, la gente, especialmente la de las comunidades populares, piensa en el policía que vive atropellando a los ciudadanos. Si existiera el Estado de Derecho ni el policía podría atropellar a nadie, ni tampoco veríamos situaciones tan absurdas en donde en un juicio sólo permiten a la parte acusadora promover pruebas y a la defensa, ninguna. Eso no ocurriría en el caso de Leopoldo López y tendría que decir en otros tantos casos en donde no hay la oportunidad de la legítima defensa, sino además promover las pruebas que demuestren inocencia o la eventual culpabilidad. Esta ausencia de justicia es la que termina en el absurdo de preguntarse: ¿van a aprobar una ley o no? Todos tenemos la sensación de que eso tiene que ver más con la política que con el Derecho. La pregunta no es si eso es legal o si es constitucional o no, si el gobierno lo va a permitir o no, si van a negociar con fulano o zutano para lograr el objetivo. Hay reglas de juego que nos exigen a todos por igual y que todos aceptamos para jugar el partido. Como abogado entendería que si hay condiciones para que la Asamblea Nacional pueda emitir una ley de amnistía y que el Presidente de la República pueda vetarla. Hay recursos que dependiendo cuál es el tipo de veto no puede promoverse una ley de amnistía que tenga que ver con situaciones de violación de los Derechos Humanos. Pero, ¿qué son éstos derechos? Es cuando un funcionario en el ejercicio de sus funciones violenta los derechos de los ciudadanos. Los particulares cometen delitos. La diferencia es que los ciudadanos no se comprometen en la defensa de los Derechos Humanos mientras que sí lo hace el Estado. Cuando alguien se hace funcionario es representante del Estado. Lo que no puede hacer una ley de amnistía es beneficiar a los funcionarios que han violado los Derechos Humanos. Pero, ¿de dónde sacan que al señor Leopoldo López no lo pueden amnistiar? No hay ninguna razón. La verdad es que no tengo la cualidad para saber qué va a pasar.

-En torno al caso de López, el fiscal acusador confesó haber forjado las pruebas porque le ordenaron que lo hiciera. Sin amnistía debió ya estar en libertad. ¿Cómo lo ve usted?
-En un juicio esa confesión es muy grave, y grave también que la defensa no haya podido promover las pruebas, independientemente del fiscal.
-¿No es desesperación la mostrada por el Presidente cuando pidió que su decreto de emergencia económica sea aprobado por unanimidad en la Asamblea Nacional?
-Un decreto de emergencia es menos que una ley habilitante. Si con lo más lograste menos, con lo menos: ¿qué lograrás? El decreto es por 60 días, prorrogable por 60 días más. Es una forma habilitante, pero, a diferencia de las otras leyes que ha tenido el gobierno, este decreto es por un tiempito.

Apostar a otro modelo

-¿Estamos viviendo una crisis de humanidad, tomando en cuenta que adultos de todas las edades tienen que hacer cola y soportar desde la madrugada hasta el mediodía para comprar alimentos, además de que no consiguen medicinas para sus enfermedades?
-El Presidente ha dicho que estamos en una grave crisis económica. ¡Caramba! Después de tanto tiempo parece que el Presidente se ha dado cuenta de lo que sucede. El decreto de emergencia económica intentaba responder, no sé si acertadamente (a mi juicio, no) a lo que está ocurriendo. Pero, el problema es que esa crisis no es solamente de números, sino que tiene una alta incidencia directa sobre la vida de la gente. Ya le decía que esta semana tuvimos un encuentro con vecinos del oeste en Lomas de León. En la esquina estaban vendiendo caraotas al precio oficial de 130 bolívares el kilo, la cola era gigantesca y la actitud de los compradores era terrible: gritos, agresividad, peleas, en fin, una lucha. ¿Cómo es posible que una cosa muy connatural en nuestra cultura, como es el consumo de caraotas, no se consiga y cuando hay se forman estos desórdenes? Esto pasa todos los días y a todas horas porque la escasez de productos produce angustia, desesperación y violencia. ¿Este es el país que nos merecemos? Creo que la gente está tratando de apostar a otro modelo económico, donde no haya colas y se consigan los alimentos que necesitamos y se. encuentren los medicamentos.

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