La Constitución Bolivariana de 1999 asienta en su artículo 72 un precepto muy claro, inequívoco: “Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables”.
No hay condicionante alguno en ese aserto. En el caso de quien ejerza la Presidencia de la República, añade el texto, después de cumplida la mitad del período para el cual fue escogido, un número no menor del 20% de los electores podrá llamar a referendo.
Eso es todo. Es lo que explícitamente dice la Carta Fundamental. Por eso no cabe la adulterada interpretación del Gobierno, a sabiendas del abierto y ya iracundo rechazo popular al cual se ha hecho acreedor por sus políticas, desidias y corruptelas. Del dicho al hecho hay,
pues, un trecho tapizado de cobardías y traiciones.
Nicolás Maduro, ya revocado sin remedio en los afectos del pueblo, según todas las evidencias, arguyó algo intolerable, por necio: el referendo revocatorio, alega quien se aferra al poder sin saber qué hacer con él, no es un mandato de la Constitución, ni un derecho de
los electores, sino una “opción”. Apenas una opción que, estima él, puede espantar si “su” CNE alarga los plazos hasta invalidar la propia esencia de la consulta; o si, en su defecto, “su” TSJ la prohíbe, al anular a la MUD, promotora del evento electoral. En tanto, el impúdico
siquiatra del régimen (cada dictador ha tenido el suyo), cumple el encargo de tratar deablandar, por medio de sus emplastos demenciales, la esperanza de masas peligrosamente desahuciadas.
Juegan con candela. Peor aún, juegan con la ansiedad colectiva y con una mansedumbre ciudadana que a ratos pareciera inagotable, a prueba de ultrajes. De tanto en tanto surge en el país la fundada sospecha de si lo que buscan es, precisamente, que se desaten los
demonios y estallen el caos, la confusión, la ira. Si la hacienda pública deja de pertenecerles y se les difi culta gozar del botín, ¿qué podría importar si sobreviene la peor de las hecatombes? ¿No han sido insensibles todos estos años frente a tan dolorosa estela de destrucción, destierro y muerte, al precio de conservar, ellos, sus privilegios e impunidades?
Después de mí el diluvio, repiten la infamante expresión que musitara Luis XIV, en su lecho de muerte.
Tibisay Lucena acaba de comprometer la menguada autoridad del árbitro electoral, en la etapa postrera de este largo y penoso accidente político en la vida venezolana.
El CNE, ha dicho, no acepta el “acoso” de quienes pretenden “torcer la vía constitucional”.
Lucena tuvo el atrevimiento de indicarlo al propio tiempo que empuja hasta febrero del año venidero los lapsos del revocatorio; escamotea el cronograma, la ruta comicial exigida por la oposición desde marzo; y de paso, celebra, con su vaporosa y cantarina parcialidad, el orquestado asedio ofi cial a un derecho que en modo alguno tuerce la vía electoral, sino que más bien la invoca como herramienta pacífi ca, natural, para la resolución de un conflicto,
ya con rasgos humanitarios, que, con sus desplantes, el Gobierno, el TSJ, el CNE y la cúpula militar, agravan, y aceleran.
Venezuela se hará sentir el jueves primero de septiembre, en la “toma de Caracas”. Es lo que se palpa en el ambiente. La intolerancia concertada por el poder en todas sus esferas, por el nefando proceder de todos sus brazos ejecutores, no deja más salida que la calle y
echarse el miedo al hombro. Que, desde ya, el CNE asuma su responsabilidad.
Y la OEA, ¿qué espera para desprenderse de esa encubridora y cortesana sordina? La expresión de la dignidad de una nación pisoteada y despojada, encontrará cauce en el ejercicio de la protesta. En la irreverencia, de pie, jamás de rodillas, frente a un poder envilecido.
