Horas después de ganar por estrecho margen las elección presidencial de Venezuela, el partido gobernante comenzó a inundar los medios de comunicación oficiales con acusaciones de que provocadores de la oposición estaban lanzando cócteles molotov contra puestos de salud vecinales en todo el país, donde trabajan en su mayoría médicos cubanos, en venganza por el resultado electoral.
Más de una semana después, la disputa se intensifica y la oposición lanza una exitosa contraofensiva en los medios de comunicación, en la que asegura que las acusaciones están siendo seriamente exageradas y en algunos casos son falsas. Con fotografías de aficionados meticulosamente fechadas de las clínicas sin daño alguno, los que apoyan a la oposición han ilustrado vívidamente cómo cámaras de teléfonos móviles, Twitter y Facebook pueden ayudar emparejar el campo de juego contra un gobierno que llegó a dominar los medios de información en los 14 años de presidencia del fallecido Hugo Chávez.
ONGs también han dicho que si bien hubo acosos de personas a los puestos, no hubo la destrucción que denunció el gobierno.
La pelea está alimentado la tensión en un país que está profundamente polarizado y dividido casi por la mitad entre partidarios del gobierno y una oposición que dice que le robaron la elección presidencial del 14 de abril.
La ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, declaró el martes que está preparando una celda para el candidato opositor Henrique Capriles por supuestamente orquestar los presuntos ataques a las clínicas y otros actos de violencia contra sedes del partido oficialista y los puestos de salud, ente otros.
Chávez era conocido por hacer afirmaciones que nunca comprobó, denunciando decenas de supuestos planes para asesinarlo antes de sucumbir a un cáncer en marzo. Incluso su heredero, Nicolás Maduro, se ha mostrado proclive a acusaciones todavía más graves. La semana previa a las elecciones afirmó varias veces que mercenarios colombianos y salvadoreños habían entrado a Venezuela a crear caos. El gobierno no ha presentado evidencias para respaldar esas acusaciones.
Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela, dijo que el gobierno parece que no entiende del todo que la gente desconfía de los medios controlados por el Estado y sigue cada vez más la información de la internet.
«En el gobierno evidentemente están equivocados en entender que el pueblo es pendejo. Entonces cuando piensan que el pueblo es tonto, creen que lo pueden engañar y manipular», indicó Guía.
Funcionarios del Ministerio de Salud no respondieron a las solicitudes de entrevista, pero otros ministros del gobierno aseguraron que los centros de salud fueron reparados más rápido de lo que se pudo documentar el daño. Algunos acusaron a los escépticos de cuestionar las afirmaciones oficiales simplemente porque se oponen al gobierno chavista.
El ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, escribió la semana pasada en Twitter que «medios y ONG se unen para hacerse cómplices del acoso a médicos y pacientes asediados por caceroleros, pistoleros y arrolladores al volante».
El 16 de abril, dos días después de la elección, Maduro anunció que un número no precisado de Centros de Diagnóstico Integral (CDI) habían sido incendiados por rufianes operando bajo órdenes directas de Capriles.
Villegas dijo que ocho clínicas fueron atacadas. El número creció con los subsecuentes conteos de los funcionarios, con la que entonces era ministra de Salud, Eugenia Sader, informando para el 20 de abril que 25 clínicas habían sido atacadas. Sader fue reeemplazada el domingo al nombrarse un nuevo gabinete.
Tan pronto como se hicieron las primeras acusaciones, partidarios de Capriles acudieron de prisa a por lo menos cinco clínicas y tomaron fotos de las fachadas, las cuales estaban intactas. Se cuidaron de incluir fotos de los diarios de esa mañana para que no hubiera duda de que las imágenes fueron tomadas después de los supuestos ataques. Entonces subieron las fotografías a Twitter y Facebook.
Las imágenes se volvieron virales rápidamente y fueron publicadas en periódicos de la oposición como El Nacional y El Universal. Un sitio en internet de sátira política, El Chigüire Bipolar, subió un artículo titulado «Maduro denuncia que oposición quemó, reparó, pintó y dotó a 11 CDI». Fue tuiteado al menos 4.200 veces y colgado muchas más en Facebook.
A pesar de la temprana insistencia de algunas autoridades de que el daño no pudo documentarse, un grupo vinculado con el gobierno publicó el miércoles 10 fotos que asegura son evidencia de los ataques a los edificios públicos, la mayoría mostrando daños menores en su interior, como marcas de quemaduras en paredes o puertas de madera astilladas.
Una toma del exterior mostró varias manchas de daño por fuego sobre un edificio blanco, otra revelando quemaduras menores en la parte baja de un letrero de la clínica y una pared sin daños.
El lunes 22 de abril el oficialismo -el secretario de la Organización de Círculos Bolivarianos de Venezuela, capítulo Zulia, José Camargo– en la ciudad de Maracaibo, denunció que al menos 3 personas fueron heridas con cuchillos cerca de un CDI en Maracaibo el 15 de abril.
La alcaldesa de Maracaibo, Eveling Trejo, dijo el lunes a la AP en entrevista telefónica desde Maracaibo -la segunda ciudad del país con 2,5 millones de habitantes, que no era cierto. «Eso es falso, no es cierto que hubo acuchillados…Es una locura», dijo la alcaldesa.
En Maracaibo, donde funcionan 11 CDI, «ningún CDI ha sufrido daño material», agregó la alcaldesa.
Este miércoles la Fiscal General Luisa Ortega ratificó en una conferencia de prensa los daños a por lo menos una veintena de CDI del país y que al menos nueve personas murieron y otras 78 resultados heridas en disturbios callejeros el 14, 15 y 16 de abril por lo que dijo fue el llamado «irresponsable» de la oposición de desconocer los resultados. Ya en el pasado la fiscal ha dicho que todos los muertos y heridos eran simpatizantes del chavismo.
La fiscal expresó que si bien habían recibido denuncias de agresiones por parte de cuerpos de seguridad, como la guardia nacional, estas habían llegado sólo hasta esta semana el 22 y el 23 de abril y en algunos casos incompletas.
Ortega había sido consultada por uno de los casos más divulgados, el del joven estudiante Ehisler Vásquez, de 19 años, quien fue herido gravemente en la mejilla izquierda con perdigones disparados a corta distancia en la ciudad central de Valencia el 16 de abril tras participar en una manifestación de opositores pidiendo una auditoria a las autoridades electorales, según indicó a la AP la madre del muchacho, María Elisa Caridad.
Las 561 clínicas abiertas por Chávez son un poderoso símbolo del esfuerzo de Venezuela por aliviar la profunda pobreza transformando al país con las reservas petroleras más grandes del mundo en una economía socialista con profundos lazos con Cuba.
Bajo un acuerdo entre Chávez y el líder cubano Fidel Castro, miles de médicos de la isla se han mudado a los barrios y villas remotas para atender a los pobres. Venezuela por su parte provee a Cuba de miles de millones de dólares en petróleo.
Autoridades del gobierno cubano no respondieron a las solicitudes de comentarios, pero el diario del Partido Comunista, Granma, reportó la semana pasada que médicos cubanos seguirán con su trabajo en Venezuela pese a lo que calificó de «agresivas protestas» en algunos centros de salud cubanos. El periódico cubano indicó que nadie salió herido y tampoco habló de daños.
Durante la campaña, Capriles indicó que quería dejar de subsidiar el petróleo que Venezuela entrega a Cuba.
La supuesta quema de esas clínicas se volvió el «vehículo simbólico perfecto para el caso del gobierno contra la oposición», que las autoridades han intentado retratar como «antidemocrática, inhumana y una amenaza para los avances en política social en años recientes», manifestó David Smilde, experto en Venezuela en la Universidad de Georgia.
Provea, el grupo independiente de derechos humanos más destacado en el país, recabó imágenes de cinco clínicas que no estaban dañadas y que fueron incluidas en el reporte del 18 de abril, con lo que puso en duda las aseveraciones del gobierno.
«Ningún centro asistencial del país mostraba signos de haber sido quemado o vandalizado en la intensidad sugerida en la denuncia difundida tanto por medios oficiales como por alguno de los altos voceros del Ejecutivo», dijo el reporte del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos,Provea.
Gabriela Ramírez, defensora del Pueblo, dijo que un número no especificado de centros de salud habían sido alcanzadas por bombas incendiarias pero fueron reparadas en la madrugada y un día después de las elecciones.
Maduro mencionó al menos dos clínicas que habrían sido atacadas en el distrito Baruta de la capital. Ramírez indicó el 20 de abril que una en el estado de Barinas, en el suroeste, resultó quemada en un 90%.
Reporteros de The Associated Press visitaron una de las clínicas de Baruta el 16 de abril y una en Barinas al día siguiente y no había daños visibles de fuego o humo en sus fachadas. Vecinos de ambos centros de salud dijeron que no las habían visto dañadas.
Villegas, el ministro de Información, acusó a Provea de cuestionar las afirmaciones del gobierno sólo porque el director de la organización se opone en secreto al movimiento chavista, acusación que niega Marino Alvarado.
`Lástima que Provea actúe como retaguardia del fascismo, certificando que `no hay pruebas’ de los desmanes de bandas que atacaron al pueblo», dijo Villegas en un mensaje de Twitter el 19 de abril.
Alvarado, jefe de Provea, indicó que Chávez alguna vez acusó a la organización de mentir sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por personal militar después de los mortíferos deslaves en 1999 que mataron a miles en el estado costero de Vargas. Semanas después, reconoció que los activistas estaban en lo cierto y pidió una investigación que encontró que se habían tirado cadáveres en una fosa común.
El activista sugirió a las autoridades tratar de recuperar la credibilidad perdida admitiendo que se equivocaron o informaron mal sobre el supuesto ataque a las clínicas.
«Esperamos que este gobierno tenga capacidad de rectificar en cuanto de las acusaciones que ha hecho», indicó Alvarado
Foto: Archivo
