Diputado demandó a magistrados del TSJ

MAMG | Archivo |

El diputado a la Asamblea Nacional y abogado constitucionalista Rafael Veloz, demandó a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia Gladys Gutiérrez, Calixto Ortega y Christian Zerpa por su objetiva identificación política con el partido oficialista.

“Es inaceptable que actores políticos ocupen espacios del máximo órgano judicial, porque atentan contra la independencia de este Poder, mas si recién salieron de sus curules de la Asamblea Nacional”, manifestó el jurista.

Los magistrados señalados de ser actores políticos son los ex diputados a la Asamblea Nacional durante la gestión que culminó en diciembre de 2015, Calixto Ortega y Christian Zerpa, ambos de la bancada del PSUV. El primero de ellos ocupó esta curul hasta noviembre de 2015 cuando fue designado cónsul de Venezuela en Nueva York luego de la detención en esa ciudad de dos sobrinos de la Primera Dama.

Por su parte, Zerpa fue parlamentario hasta el final y le tocó votar por sí mismo en el proceso de selección de magistrados que aprobó el oficialismo con mayoría simple el 23 de diciembre pasado, “algo jamás antes visto”. En cuanto a la presidenta del Poder Judicial y la Sala Constitucional, “fue diputada suplente en el pasado y encargada de organizar a los Círculos Bolivarianos en años pasados”.

“Es por eso que estos magistrados deben ser revisados por el Poder Moral”, recalcó Veloz.

Decisión N° 9

Por otro lado, Veloz también denunció a los integrantes de Sala Constitucional Arcadio Delgado, Carmen Zuleta, Gladys Gutiérrez y Juan Mendoza, por haber emitido la sentencia N° 9 de esta instancia sin la firma de las dos terceras partes de sus miembros.

“Una decisión tan delicada como es castrar competencias que la Constitución le dio a la Asamblea Nacional, tal como su facultad de citar e interpelar a funcionarios públicos, es una decisión inexcusable que debe investigar el Poder Ciudadano”, concluyó el diputado.

Vale destacar, en su sesión del jueves la Asamblea Nacional declaró írrita e ”inexistente” la referida sentencia que además pretendía impedir que el Legislativo revisara el acto administrativo que nombró a 13 magistrados principales y 21 suplentes.

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