#Especial La GMVV es para militantes del PSUV

Rosmir Sivira/ | Foto: Archivo. |

En Venezuela, las soluciones habitacionales son un bien preciado en disputa. Con la compleja situación económica y productiva del país, la parcial paralización del sector construcción privado y el valor que ha tomado la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) del Gobierno Nacional, tener una casa se ha convertido en garantía de sólo algunos.

Aunque se trate de un programa social, financiado con el dinero del Estado, muchos especialistas han llamado a este como “electorero” y es que el acceso a estas casas no es tan sencillo como parece. Se requiere ser miembro de un consejo comunal y, por tanto, militante activo del Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV). Entonces, ¿cómo logra tener una casa la familia venezolana desentendida del tema político?

Se trataría de un costoso programa de gobierno del cual se ven favorecidos sólo unos pocos.
Al respecto, Orlando Zamora, analista financiero y exjefe de división de riesgo cambiario del Banco Central de Venezuela (BCV), señala que la GMVV “ha sido ejecutada entre los años 2011 y 2016 a unos enormes costos financieros súper millonarios de más de 66.342 millones de dólares, según las refutables y contradictorias cifras aportadas por Nicolás Maduro”.

Sostiene que de las 43 misiones sociales ensayadas durante 17 años de gobierno, ha sido esta la más publicitada, y la que mantiene un importante “peso político” sobre todo en el “plano electorero”, al garantizar la victoria al presidente Hugo Chávez en octubre de 2012, con una ventaja de 1.6 millones votos.

Cifras que no son claras

Pero Zamora, al igual que algunos representantes del sector construcción, como el presidente de la Cámara de la Construcción en Lara, Frank Mendoza, sostiene que la cifra de más de 1.600.000 soluciones fabricadas está “abultada”, además que en el planteamiento, se “omiten algunos costos originados por deudas y obligaciones emitidas”.

Entre estas menciona la exclusión del “endeudamiento de Pdvsa en dólares y bolívares al asumir el rol protagónico en lo financiero”, además de los importantes egresos producidos al fundar la productora de inmuebles de plástico Petrocasa.

A esto añadió “la presión” del Ejecutivo nacional sobre el BCV, para que emitiera dinero sin respaldo en divisas ni en producción y de manera masiva, a fines “electoreros”. Esta práctica representó hasta febrero de 2013 un total de Bs. 171.255.000, sin contar las obligaciones nacidas por los bonos emitidos por bancos y órganos públicos por más de Bs. 26.000.000 en el período 2011-2012.

“El Gobierno manipuló las cifras de las soluciones habitacionales entregadas, en contradicción con datos del BCV, incluso le reclamó tiempo después a este último, la subestimación del número de desarrollos y casas cedidas por el Ejecutivo”, relató Zamora, quien a su vez recordó que la autoridad monetaria citada, subsiguientemente asumió los números aportados por el Ejecutivo como ciertos.

La cuenta fue abultada

En este sentido, el analista económico explicó que dicha data estadística es “abultada” de diversas maneras.

Apuntó que en esta cuenta se consolidan: créditos de Bs 60.000 entregados a las víctimas del deslave del estado Vargas; la cantidad de viviendas “de precaria construcción”, las cuales han sido remodeladas por el poder comunal; plan de Casa por Rancho; los desarrollos privados; las fachadas remozadas por Barrio Tricolor; viviendas autoconstruidas y confiscadas; y 280.000 nuevas construcciones, edificadas en un promedio interanual de 55.000 soluciones.

Señaló que, según el Gobierno Nacional, es al Poder Comunal a quien se le atribuye el 30% del millón de casas anunciadas.

“En noviembre del año 2015 el Estado totalizó unas 850.000 casas y al 31 de diciembre del mismo año entregaban la llave del inmueble 1.000.000. Si esto es verdad y el costo de las vivienda es de 66.342 millones de dólares, con los colosales ingresos en bolívares y dólares recibidos en 17 años (se calcula que hayan sido $2,25 billones) se podrían haber construido, en referencia comparativa a los costos por vivienda informados por Nicolás Maduro, 34 millones de casas”, comparó Zamora.

Mendoza agregó en Lara se aprecian múltiples anuncios de desarrollos urbanísticos por parte del gobierno. No obstante, no han sido desarrollados. Citó las Torres del Sisal, las obras de la carrera 18 con calle 26 y los movimientos de tierra de los terrenos decretados Área Vital de Viviendas y Residencias (Avivir).

En tal sentido, se declaró en contra de este decreto que modifica el uso de los terrenos y entorpece los proyectos de promotores privados. Como muestra mencionó el terreno decretado Avivir en el encuentro de las avenidas Los Leones y Comuneros, al lado de un prestigioso centro comercial.

-Sólo vemos decretos y posibles buenas intenciones, pero no le vemos el queso a la tostada.
Añadió que la GMVV en el estado Lara ha sido tema de discusión entre el sector privado y entes oficiales, no obstante, no han obtenido respuesta alguna, sobre planteamientos puntuales hechos por los expertos. Sostuvo que el gremio está en plena disposición de ayudar y colaborar en el sostenimiento del programa.

El representante del gremio en el estado detalló que han sostenido reuniones con personal de la Corporación de Desarrollo Jacinto Lara (Corpolara), pero no con representantes del Gobierno nacional.

Consecuencia sobre su entorno

Sobre cómo ha afectado este programa y otras medidas económicas el sector privado, el presidente regional de la Cámara de la Construcción, manifestó que es innegable el daño, ya que el entorno y las condiciones los limitan en su actividad. “No nos llaman para trabajar y estamos dispuestos a contribuir y sostener este y otros programas, que nos parecen positivos, cada vez que representen mejoras en la calidad de vida de los venezolanos”.

Comentario que coincide con el llamado que hiciera meses atrás Jaime Gómez, presidente de la Cámara Venezuela de la Construcción, al Presidente de la República, a trabajar en conjunto para garantizar igualdad de condiciones para los empresarios venezolanos, quienes no tienen el mismo acceso a los materiales y se les impuso un precio máximo de venta de residencia de entre Bs. 3.000.000 y Bs. 3.900.000, montos que los limitan para la construcción de nuevos urbanismos.

En este sentido, Zamora precisó, en un análisis recientemente publicado, que además de la tragedia financiera que representa la GMVV, es necesario estimar las secuelas de la implementación improvisada de este programa, en especial en el entorno urbanístico de importantes ciudades del país, lo que a su vez “compromete la seguridad ciudadana en algunos casos y somete a un limbo jurídico lo que se refiere al dominio en propiedad que debe ejercerse sobre los inmuebles edificados, remodelados o simplemente transferidos”.

Sostiene que con la creación de este plan, se vulneró considerablemente la estabilidad de la industria de la construcción, que según cifras del BCV registró una caída de cinco años consecutivos y que en 2015 esta fue del 23,8%, en su participación sobre el Producto Interno Bruto (PIB).

Mendoza, por su parte, criticó que en diversos puntos del país se hayan construido casas y desarrollado conjuntos habitacionales a través de convenios con otros países, sin tomar en cuenta el gremio nacional.

No negó que el programa represente una serie de beneficios. “Aplaudimos que se sigan construyendo viviendas, pero tienen que llamar al sector privado, que por tradición ha cumplido con esta labor”.

Advirtió que una vivienda no son sólo cuatro paredes y un techo, debe contar con una serie de servicios y comodidades, a propósito de garantizar el mínimo grado de calidad de vida.

Sin materias para producir

Gómez ha recomendado al Gobierno nacional que recupere las empresas productoras de insumos para la construcción, en su mayoría estatizadas, las cuales producen a un nivel inferior de su capacidad instalada.

Ha calificado de “inaceptable” que la estatal Siderúrgica del Orinoco (Sidor) produzca el 25% que produjo unos meses antes de la estatización.

Punto que también es destacado por Zamora, quien señala que han sido las empresas estatizadas, las que “han diezmado su capacidad de producción”, como es el caso de las siderúrgicas y cuatro grandes cementeras del país.

“Estas empresas producen menos y, según información del mismo BCV también se desploma la producción de cables, arena, piedra y grava”, manifestó.

En este sentido, Zamora se pregunta: ¿De dónde sacaron entonces los insumos para producir supuestamente 1.000.000 viviendas en cinco años?

Fallido desde su origen

El analista económico recordó que la GMVV nació producto de un censo, calificado por él como “demagógico”, el cual contabilizó 3,6 millones de solicitudes de soluciones habitacionales a partir del año 2011. No obstante, en la realidad, sólo se satisface un tercio de todas las aspiraciones presentadas formalmente.

Por tanto, la misión surge como “una solución desordenada a un complejo problema social y económico a escala nacional”, tras la petición que hiciera el presidente Chávez de ubicar cuanto galpón, terreno o inmueble abandonado que sirviera de espacio para iniciar este plan de construcción de casas, el cual tampoco ha respondido al déficit de viviendas de 2.7 millones. También se autorizó la ocupación de áreas vitales, a través de la Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda.

Otras construcciones

Con motivo de los anuncios por Emergencia Económica, el presidente Nicolás Maduro anunció, como parte del Plan de Empleo, que invertiría Bs. 140 mil millones en el sector construcción, para la ejecución de múltiples obras.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Construcción en Lara sostiene que, si bien la noticia es positiva y valiosa, aún se desconoce la manera cómo este monto será invertido.

-Nosotros aplaudimos ese anuncio. Que se destine esa cantidad de dinero ayudaría mucho. Pero el presidente Nicolás Maduro no indicó dónde, ni cómo se invertirían dichos recursos, en qué proyectos o en qué estados.

Asimismo, destacó que el gremio no sólo se aboca a la construcción de unidades habitaciones, sino también a otra serie de proyectos y obras, necesarios para el país, y que no han sido abordados.

Sobre este punto Zamora recuerda que en 17 años de gobierno:

•No se realizó dotación de alta tecnología a cuerpos policiales.
•No se construyeron embalses de agua potable para la ciudanía, ni presas de riego para áreas agrícolas o plantas de aguas residuales.
•No hubo mayor aporte a parques nacionales, para la conservación y recreación.
•No se construyeron aeropuertos en ciudades.
•No es impulsó la actividad de las industrias básicas para el desarrollo nacional, ni la implementación de oleoductos para agilizar distribución de hidrocarburos.
•No se culminaron sistemas de trenes previstos para ocho estados de la República.
•No se construyó, modernizó ni propició el crecimiento de la empresa petroquímica y las refinerías en Venezuela. Se avanzó en siete en el exterior y una en China.
•No se construyeron hospitales tipo 4, con todos los servicios e investigación.
•Existen numerosos casos de proyectos, cooperativas, E.P.S., fábricas y edificaciones abandonadas o inconclusas.
•No se culminó el plan nacional de electrificación 2007-2015, ni plan termoeléctrico.
•No se avanzó de forma significativa en la inversión, infraestructura y desarrollo plan de la Faja del Orinoco, cifrado en $ 200.000 millones.
•Poco se avanzó en el Plan Nacional de Construcción de 18 prisiones nacionales.
•No se construyeron las 4 ciudades judiciales prometidas, la ciudad del Acero y de los Muchachos.
•Queda pendiente el plan de construcción de 2 millones de casas en el período 2012-2018.

El urbanismo

Tanto Zamora como Mendoza destacan que con la implementación de este plan se eliminaron áreas verdes, como en Caracas el palmarium del Parque Central, además de innumerables estacionamientos situados en los cascos históricos de las principales ciudades del país.

También se construyeron edificios sin estacionamientos, estudios de suelos “serios”, áreas de esparcimiento, áreas de servicio e infraestructura comercial. Asimismo, estas obras se edificaron entre oficinas e industrias.

Relatan que con estas modificaciones, se afectaron entonces costos reales del metro de construcción en urbanizaciones importantes de muchas ciudades.

 

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