Magistrados designados por la AN exigen sanciones

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Los magistrados designados por la Asamblea Nacional Miguel Ángel Martín (presidente del Tribunal Supremo de Justicia), Domingo Salgado (Sala Electoral), Ramsis Gazaaoui (Sala Político Administrativa) y Cruz Graterol (Sala de Casación Penal), recorren Europa con el fin de ratificar a los gobiernos democráticos la ruptura del orden constitucional en Venezuela y la necesidad de rescatar la democracia y el Estado de Derecho, necesarios para reconstruir un país destrozado por las arbitrariedades, corrupción y narcotráfico, elementos que imperan y que han sumido al pueblo venezolano en penurias, hambre, mengua y miseria.

Salgado explicó a través de un contacto telefónico con EL IMPULSO que continuando con la gira en el viejo continente, la delegación de magistrados, sostuvo importantes reuniones -de alto nivel- en la denominada Mesa de Justicia en la que se conversó con los portavoces de los tres principales grupos parlamentarios que hacen vida en el Congreso de España (Grupo Socialista, Partido Popular y Grupo Ciudadanos). “Este grupo parlamentario apoya y reconoce al TSJ legítimo”, apunta.

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Asimismo, la delegación de magistrados elevó su voz ante el Senado de España, la cual fue recibida y atendida por representantes de los dos partidos más importantes de ese país.

“También sostuvimos reuniones en la Cancillería del Gobierno de España donde el secretario de Asuntos Americanos nos reconoció como representantes legítimos del Poder Judicial”.

Se conoció que en cada una de las reuniones sostenidas con el alto gobierno de España así como con el Poder Legislativo de dicha nación, se habló acerca de la realidad venezolana como la crisis institucional que devino en la ruptura del hilo constitucional y la cristalización de un gobierno forajido y de facto.

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Salgado expone que se llevaron adelante gestiones importantes para que se agilicen las sanciones económicas individuales específicamente contra funcionarios del gobierno que hayan incurrido en delitos de corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, legitimación de capitales o de lesa humanidad, así como contra aquellos funcionarios que hayan acumulado fortunas que se encuentren en España.

“Se estudia la probabilidad de imposición de sanciones a ciertos funcionarios del gobierno”.

La gira concluyó en el Consejo General del Poder Judicial, ente que también reconoció el carácter de los magistrados legítimos y designados el pasado 21 de julio, quienes tuvieron que recurrir al exilio en virtud de las arbitrariedades e ilegales persecuciones por parte del régimen de Nicolás Maduro.

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