Reiteran denuncias de torturas ante despacho de Fiscal General

 Para reiterar su denuncia por presunta tortura, perpetrada por efectivos de la Guardia Nacional tras las protestas del 15 y 16 de abril, un grupo de víctimas procedentes de Barquisimeto se dirigieron este martes a la Fiscalía General de la República.

Ehisler Vásquez, quien recibió disparos de perdigón que le desfiguraron el rostro, representó a las víctimas al exigir al Ministerio Público que no pretenda invisibilizarlos.

“Dicen que es mentira, descartan los casos de lo que sucedió los días 15 y 16. Tuvimos que venir hasta acá, porque no hemos tenido ningún tipo de respuesta, y es parte de la ineficiencia por parte de estos órganos que nos han desasistido”, advirtió el estudiante a las puertas del despacho principal del Ministerio Público, en la capital de la República.

Vásquez es el único caso, de las 40 víctimas que denunciaron en Barquisimeto, admitido por esa institución. A pesar del privilegio del reconocimiento, el MP no ha adelantado ninguna diligencia para determinar la responsabilidad penal del funcionario que lo agredió.

Se suma a la impunidad la carrera de cirugías plásticas que ha debido practicarse, y el correspondiente desembolso, para volver a la apariencia normal que los perdigones desdibujaron.

“He sido sometido a tres operaciones y todavía me falta una para corregir cada una de estas cicatrices”, indicó. Acompañaron al joven otros que compartieron el mismo destino (aunque menos dramáticamente) esos días posteriores a las elecciones presidenciales. Andrés Colmenares, Israel Colmenares, Yorgelis Piña, Ivonne Echenagucia, Jackson Escalona, Alejandro Gramcko y Daniel Graterol también fueron maltratados por quienes debían resguardarlos, pero a diferencia de Vásquez, para la Justicia esto nunca paso.

Por el contrario, pesa sobre ellos un proceso penal bajo la imputación de un abanico de delitos que van desde el ultraje a funcionario público hasta asociación para delinquir, que defensores de derechos humanos han calificado como criminalización de la protesta. Se encuentran sometidos a medidas cautelares de presentación periódica ante un tribunal.

Respuesta a fiscal

El abogado del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, indicó que en esta oportunidad están haciendo del conocimiento expreso de la titular del MP lo concerniente a 17 casos de presunta tortura.

“Son denuncias ya formuladas ante la fiscalía regional, sobre abusos muy concretos por parte de funcionarios, como por ejemplo disparos (de perdigones) a quemarropa, o torturas ocurridas dentro del Destacamento 47° de la GN”, dijo.

Romero explicó que el delito de tortura se configura cuando la víctima se encuentra al cuidado o responsabilidad de un órgano del Estado, y es golpeada, maltratada o agredida.

Al cuestionar la posición expresada por Luisa Ortgea Díaz, quien desestimó las denuncias por considerarlas “infundadas”, aseguró que existen reportes médicos calificados, pero el resto de la investigación es responsabilidad del MP.

“Dentro del centro de reclusión, específicamente el destacamento 47° se encontraban fiscales del Ministerio Público, y determinaron claramente las agresiones a las personas (…) Dentro del Destacamento fueron atendidos irregularmente por un médico de allí, y ese es un testimonio muy importante”, indicó.

“Nuestro único objetivo es que se haga justicia, y esto significa no hacerse el ciego y el sordo para tratar de evadir las denuncias de organizaciones de derechos humanos, como es el Foro Penal. Si la fiscal no se siente con la capacidad de investigar las agresiones a los DDHH que son de orden público y constitucional pues que renuncie”, advirtió Alfredo Romero.

Fundación Funpaz

Para luchar por una causa común, que es que se reconozca que tras las elecciones hubo hechos de tortura por motivos políticos, los afectados crearon una fundación denominada Funpaz.

El encargado es Jackson Escalona. “Estamos activamente trabajando más de 25 personas y nos encontramos en ese proceso de aglutinar a los demás, pues se nos han presentado situaciones en las que las víctimas tienen miedo, se dejan someter por la coerción que ha ejercido el régimen sobre este caso”, explicó.

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