Sebin desconoce 17 boletas de excarcelación

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Rafael Narváez, coordinador de la Asociación Civil Defensa por los Derechos Civiles, condenó el incremento vertiginoso en la cantidad de detenidos con boletas de excarcelación que son desconocidas por los diferentes directores de centros penitenciarios en diversos lugares del país.

“Tenemos el indignante caso del incumplimiento, desacato y desobediencia del director del Sebin de 17 boletas de excarcelación emitidas por tribunales de control”.

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Explicó que esto se corresponde con un delito establecido en el artículo 179 del Código Penal venezolano que establece que, “aquel funcionario que desobedezca una orden judicial, tiene prisión de 4 a 6 meses” por lo cual exhortó al Ministerio Público a “dejar el temor” y proceder mediante un tribunal para solicitar la aprehensión de los directores de centros penitenciarios a fin de que sean procesados por el desacato de una orden judicial.

El jurista señaló que la misma situación ocurre con los 27 detenidos de la UPEL y enviados a la cárcel de El Dorado, donde un tribunal militar decidió darles medidas cautelares al total de detenidos, emitiendo las correspondientes boletas de excarcelación, “que fueron desconocidas por el coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, Juan Ernesto Sulbarán Quintero, secretario de Seguridad Ciudadana y por el director de Poliaragua, Eulises Farías Valderrama”.

Narváez denunció que en el caso de los estudiantes de la UPEL la situación es mucho más grave debido a que luego de ser juzgados de forma “ilegal e ilegítima” y desconocidas sus boletas de excarcelación, fueron trasladados en el estado Aragua a un tribunal ordinario para ser juzgados una segunda vez por los mismos delitos de los que fueron acusados en los tribunales militares.

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“Nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, eso lo establece el artículo 49.7 de la Constitución”. Acusó al Ministerio Público de complicidad en esta acción al guardar silencio y no decir que un segundo juicio era nulo. Esto nos coloca frente a la evidente violación de una garantía constitucional”, concluyó.

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