Sentencia contra el Correo del Caroní es también contra el periodismo libre

María Fernanda Pérez G. |

Un trabajo de investigación,  con varias publicaciones en el diario Correo del Caroní en el 2013, develaron hechos de corrupción de la Ferrominera del Orinoco. Allí detallaron como Juan Carlos Álvarez Donisi, coronel de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, extorsionaba a gerentes y contratistas de la Ferrominera para no ser incluidos en la lista de la “mafia del hierro”.

Como consecuencia de las publicaciones, Álvarez Donisi fue aprehendido, también el presidente de la estatal para ese entonces; Radwan Sabbagh, más tres gerentes y el dueño del periódico Primicia y de la empresa Corpobrica, Yamal Mustafá,  quienes fueron imputados.

A éste último el Ministerio Público lo acusó de peculado doloso propio, concertación de funcionario público con contratistas y asociación para delinquir en la Ferrominera del Orinoco, por lo que estuvo preso dos años, pero le otorgaron libertad en el 2015 por sobreseimiento.

Fue Mustafá quien mientras era imputado, demandó al director del periódico Correo del Caroní, David Natera Febres, por los delitos de difamación e injuria. El accionar del Tribunal fue prohibirle al medio de comunicación la publicación de información sobre dicho caso de corrupción.

Después de dos días de juicios, que comenzó el miércoles 9 de marzo y culminó prácticamente la madrugada del viernes cuando el Tribunal Penal Sexto de Juicio del estado Bolívar, extensión Puerto Ordaz, a cargo del juez Beltrán Javier Lira, emitió una sentencia condenatoria contra el director del diario de cuatro años de prisión por delitos de difamación e injuria continuada, más una multa de 1.137 unidades tributarias y la imposición de una medida vigente: la prohibición de publicar noticias relacionadas con el empresario.

Por la edad, Natera Febres tendría casa por cárcel con presentación cada 30 días, más prohibición de salir del país.

Los argumentos interpuestos por la parte acusadora, aceptados por el juez Lira, señalan que cualquier medio de comunicación debe esperar la sentencia de un tribunal para poder informar sobre un caso de corrupción.

¿Y la labor de denunciar e informar?

Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), ve con mucha con preocupación que los medios vayan a sentirse amedrentados por este tipo de sentencias, que aunque prefirió esperar leerla para emitir una posición oficial, el periodista manifestó que no se puede utilizar un tribunal para criminalizar los medios de comunicación, al derecho de estar informados, de investigar y publicar temas de interés nacional y más cuando se trata de hecho de corrupción, recordando que es la misma Constitución de la República que garantiza la libertad de expresión.

Afirma que existe mucha suspicacia en los medios de comunicación del país desde hace 17 años, por las diferentes agresiones y sanciones que han recibido periodistas en diferentes hechos, que al final han vulnerado la naturaleza de comunicar.

Que se haya emitido la sentencia justamente después de la presunta masacre de Tumeremo, donde hay muchos medios de comunicación haciendo sus mejores investigaciones, para el presidente del CNP hace pensar que se está enviando un mensaje para evitar publicaciones que muestren la verdad.

“El CNP y sus seccionales estamos en alerta ante las agresiones de opinión o contra la libre información que se puedan generar en el país”.

Autocensura

“Fue una sanción muy dura, la más alta que pudieron haber aplicado, genera un efecto inhibitorio que es muy grave, que golpea a ese medio de comunicación, pero también a los demás”, manifestó Carlos Correa, director de la organización Espacio Público.

En su opinión con esta situación lo único que se está favoreciendo es la intimidación y autocensura, ya que el editor que reciba un caso de corrupción lo va a pensar dos veces antes de publicarlo porque sabe que pueden venir acciones  similares. “Se ha comenzado a utilizar de manera muy recurrente la persecución criminal”.

Para Correa el periodismo no tiene la tarea de verificar si es cierto o no los hechos de corrupción, sólo de publicar la información, pero en el caso de que la persona sea inocente tiene los mecanismos para reparar el daño que es rectificar o dar entrevistas informando de cuál fue su papel.

“El señor tuvo dos años detenidos porque realmente fue acusado, entonces ahora los periodistas no van a poder informar sobre los procesos de acusaciones, indiferentemente si son absuelta o no”.

Mientras que en otros países la publicación de grandes investigaciones, que demuestran delitos y permite a las autoridades resolver casos de corrupción o narcotráfico,  ha llevado a reconocer la labor de periodistas y medios de comunicación, en Venezuela se han ido incrementado las demandas contra el periodismo por ese mismo tipo de investigación.

64 casos relacionados con el uso de recursos judiciales contabilizó el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) entre el  año 2004  y 2015, de esos casos el 50% ha ocurrido en los últimos 3 años y la mayoría han estado relacionados con corrupción y narcotráfico.

Marianela Balbi, directora de Ipys, señala que en el país el hostigamiento judicial hacia medios y periodistas se ha estado imponiendo, en un patrón que atenta sobre el ejercicio de los medios, con la intención de presionar y generar autocensura.

Que los tribunales intenten obligar a los medios a publicar información de corrupción y sus involucrados cuando ya exista una sentencia, para Balbi se estaría condicionando de una manera muy flagrante al periodismo y la libertad de los ciudadanos de mantenerse informados de una manera oportuna. “Para el periodismo es un mensaje de coacción”.

Para evitar desproporción en la penalidad, como lo ocurrido con el Correo del Caroní, organizaciones que defienden la libertad de prensa solicitan a la Asamblea Nacional la reforma de la Ley Resorte y el Código Procesal Penal para que delitos relacionados con opinión, sean tratados en los tribunales civiles y no penales como es actualmente.

El Carabobeño hasta el 17 de marzo

Otro de los duros golpes que se ha dado al periodismo independiente es la falta de papel para los medios impresos, que ha llevado en los últimos años a la reducción de su paginación e incluso el cierre total.

El diario El Carabobeño emitió un comunicado en el que manifiesta que hasta el 17 de marzo estarán en circulación porque el Complejo Editorial Alfredo Maneiro no les ha realizado la venta de papel.

“El Carabobeño, en su formato impreso, se despedirá a partir del 17 de marzo. La razón es única: No hay papel prensa. La empresa socialista que monopoliza la venta de este rubro vital para la circulación de los medios de comunicación, el Complejo Editorial Alfredo Maneiro, no le vende la materia prima desde hace un año.

La historia de atropellos y presiones que culmina el próximo jueves se inició en 2013 cuando Cadivi negó las divisas para concretar la importación de papel, proceso que desarrollaba el diario desde hace 40 años. Desde esa fecha comenzó una seguidilla de recortes al tamaño del diario, al número de páginas y a la circulación. Además, obligó a eliminar suplementos como el Industrial, el Médico y recientemente el Infantil. También se redujo la paginación de la revista dominical Paréntesis”.

Aclararon que continuarán informando a través de los medios digitales.

 

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