El magistrado Pedro Troconis, junto a sus pares de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, de acuerdo a una serie de investigaciones y diligencias judiciales realizadas en las últimas semanas, lograron obtener pruebas que entregaron ayer lunes a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que involucran a 59 funcionarios y ex funcionarios del Estado venezolano en crímenes de Lesa Humanidad y Genocidio, perpetrados en contra de ciudadanos venezolanos.
El presidente Nicolás Maduro, el Vicepresidente Tareck El Aissami y el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, están comprometidos con esta acusación, la que también abarca a integrantes del Alto Mando Militar y altos representantes del poder ejecutivo.
Estos magistrados trabajan en base a esta acusación y “Ruegan al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que considere emitir notificaciones especiales a Interpol en contra de estos ciudadanos.”
Troconis, en calidad de presidente de la Sala de Casación Penal del TSJ, agregó que de igual manera están pidiendo al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas que tenga en consideración la posibilidad de pedir a Interpol que emita alertas para las personas mencionadas en la denuncia, encabezada por el primer mandatario nacional.
En este petitorio jurídico es incluido y mencionado la “mayoría del generalato” de Venezuela.
Una de las razones de fuerza que llevó al TSJ a tomar esta acción de denunciar es la subordinación que mantiene el poder judicial venezolano al ejecutivo, y porque Venezuela es firmante del Estatuto de Roma y la legislación venezolana reconoce el principio de complementariedad de ese organismo internacional.
Cabe destacar que desde el mes de octubre, los jueces del TSJ elegidos y juramentados por la mayoría opositora de la Asamblea Nacional de Venezuela, mantienen sesiones en Washington en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), tratando este tema.
