Defensa solicita se respeten garantías al debido proceso

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La jornada de protesta de calle del pasado 19 de abril cerró con cuatro detenciones practicadas por la Guardia Nacional (GN), de las cuales según información del abogado del Foro Penal en Lara, Abraham Cantillo, hubo tres liberaciones.

Quien permanece detenido en el destacamento Nº 121, antiguamente conocido como destacamento Nº 47, es  el joven de 21 años de edad Jorge Gómez, que según acta fue aprehendido en las adyacencias del Parque El Cardenalito, aproximadamente a las 3:00 de la trade.

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No obstante, según versión de su madre, la captura  se realizó en los alrededores del Centro Comercial Sambil Barquisimeto.

La madre relató haber llamado a su hijo. Le contestó una voz desconocido que decía ser Jorge Gómez. Posteriormente, a las 5:00 de la tarde, recibió un mensaje de texto que decía que estaba “guarimbeando”. Se presume que el teléfono fue tomado por un tercero durante la detención.

Una bandera de Venezuela  y una gorra tricolor, además de una franela de un partido, relacionan a Jorge Gómez con la protesta de calle y el activismo político.

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Los delitos a imputar y la condición de salud del joven se desconocen, patrón que se mantiene en las capturas relacionadas con hechos de protesta, lo cual según abogados del Foro Penal es una violación al artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referido al debido proceso y acceso a los abogados.

Cantillo recordó que según estadísticas del Foro Penal el 70% de la detenciones recientemente practicadas se realizan a personas que no son partícipes de la manifestación, sino que se hallan en las adyacencias, ya que quienes sí protestan cuentan con los medios y la planificación para escapar de la detención. Las acciones probatorias, subrayó, han sido leves.

Liberados luego de captura

Sobre la liberación de los otros tres detenidos, el abogado señaló que la vestimenta formal que presentaban impedía vincularlos con la acción de calle, sumado a que un numeroso grupo de personas se apersonó inmediatamente al destacamento, lo cual no ha sido propio de las últimas capturas, en las que familiares de los detenidos se enteran de lo ocurrido hasta cinco horas después, tiempo suficiente para establecer lo ocurrido con la representación fiscal.

Cifras de la represión

Según Manuel Virgüez, director de Movimiento Vinotinto, Lara sería el tercer estado con mayor número de detenciones, luego de Bolívar con 99 aprehensiones y Anzoátegui con 78. El número a escala nacional asciende a 515.

A esto sumó que durante la jornada hubo 150 heridos y tres fallecimientos, registrados en la región capital y el estado Táchira.

Acotó que en Lara se conoce confidencialmente de cuatro ciudadanos que fueron atendidos en centros de salud por heridas de perdigón y armas de fuego.

El patrón de capturas no se compara con el de 2014, cuando en seis meses se detuvieron  aproximadamente 3.500 personas, mientras que en 2017 la cifras asciende a cerca de 1.000 en tan sólo cuatro semanas de protesta.

Formuló un llamado a los cuerpos de seguridad, en especial al general de División José Rafael Torrealba, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Lara (Zodi), a no entorpecer el debido proceso y colocar a la orden del Ministerio Público a los funcionarios que hayan irrumpido en delito durante el control de las protestas.

Llamó a la  Defensora del Pueblo en Lara, Elba Yris Rodil a intervenir al respecto.

Demás detenidos

Aún esperan por audiencia de presentación. Según información de Andrés Colmenarez de Funpaz, para los detenidos del 10 y 11 de abril hubo una declinatoria de competencia que los mantiene detenidos.  A esto se suma la destitución aún no ratificada del presidente del Circuito Judicial, Jorge Eliecer Rondón, lo cual también dilata el proceso que debe ser remitido a  los tribunales con competencia menos graves.

Serían más de 60 los adultos detenidos en Lara y ocho los adolescente detenidos. Sin embargo, la juez de control encargada de los casos de los menores,  no estaría dando despacho por razones personales, por lo cual también se desconoce el transcurso de sus procesos, que esperan por la consignación de  las medidas cautelares.

A los detenidos del 6 de abril, a quienes se les solicitaron fiadores que fuesen funcionarios públicos, entre otras exigencias, también les resta establecer la fecha de audiencia para fiadores, a fin de hacer efectivas las medidas.

 

 

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