Discrecionalidad y retraso judicial para manifestantes

José Manuel Zaá | Foto: Archivo |

El comportamiento de los jueces del Circuito Judicial Penal del estado Lara en los casos de las personas detenidas durante las manifestaciones que se han llevado a cabo los últimos días en rechazo al Gobierno nacional, denuncian desde el Foro Penal Venezolano (FPV), ha sido completamente irregular, discrecional y absurdo, así como el proceder de todo el “podrido” Sistema de Justicia.

Cuando a la mayoría de los civiles se les imputa por los mismos delitos -instigación pública, resistencia a la autoridad y, en casos puntuales, uso de sustancias incendiarias-, cada juez ha solicitado requisitos distintos para otorgar la libertad de los manifestantes, la cual, a juicio de especialistas en la materia, no debería privarse por más de dos días en estos casos.

“A los primeros les pusieron tres fiadores, con el requisito que debían ser empleados públicos; después a un lote de adolescentes les pidieron 20 fiadores, lo que me parece una grosería, cuando hoy en día a los menores de edad les piden cuatro nada más. Luego, a los adultos le exigieron cinco fiadores sin importar oficio y ahora la línea es de cuatro”, explicó  a EL IMPULSO el coordinador del capítulo Lara del FPV, Pedro Troconis.

Criticó que los tribunales municipales, capaces de reconocer delitos menores, hayan declinado competencia a los tribunales estadales, como sucedió en algunos casos, con el fin de retrasar los procesos y mantener por mayor tiempo a los manifestantes tras las rejas.

Resaltó que las irregularidades no solo se observan de parte de los jueces, sino también en el accionar de los agentes de los cuerpos de seguridad del Estado, quienes, a su criterio, realizan detenciones arbitrarias, no cumplen con la cadena de custodia y, en la mayoría de los casos, niegan el contacto de los privados con sus familiares.

“Juegan a que nos cansemos. Se ponen a manejar un resolución de 2012 que era para regular las entradas de control municipal y regular la transición de este entonces. Ya hoy en día, cuando cada tribunal tiene bien definida sus competencias, es completamente absurdo que intenten aplicarla”.

Además, recordó que la destitución del presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Jorge Eliécer Rondón, también aplazó los procesos judiciales, aunque, en su momento, él la calificó como la “caída de un verdugo”.

 

Rompe principio de proporcionalidad

Para el reconocido profesional del Derecho y exjuez en materia penal, Ramón Pérez Linares, indudablemente los tribunales larenses –municipales y estadales-, como parte del aparato viciado y manipulado del Estado, en estas situaciones de enjuiciamiento a manifestantes no han tenido coherencia en los planteamientos.

“Hemos visto que las condiciones de libertad que se le han impuesto por delitos menores han sido leoninas (…) Mientras unos jueces otorgan libertad inmediata con medida de presentación, otros han solicitado cuatro, cinco y hasta 20 fiadores”, dijo.

A su juicio, estas personas, en su mayoría jóvenes, no deberían estar más de dos días privados de libertad; algunos llevan más de 20 días en destacamentos militares y centros socioeducativos, conviviendo con ladrones, homicidas y drogadictos.

“No hay una caracterización igualitaria. Esto rompe con el principio de proporcionalidad, puesto que, en delitos comunes y ordinarios, los jueces han sido menos exigentes que en estos que tienen cierta trascendencia de orden político”, expuso.

No obstante, cree que los jueces actúan así para evitar ser sancionados, pues la mayoría de estos ocupan cargos provisoriamente.

Además, cree que reciben amenazas como lo hacen los funcionarios públicos para que vayan a las marchas. Sospecha que la línea sea dictada por el Tribunal Supremo de Justicia.

“No hay una verdadera independencia del Poder Judicial y tenemos tribunales obedientes (…) Un juez que tenga formación, entereza y dignidad no debe estar esperando órdenes, sino que, de acuerdo a los principios rectores de un proceso, debe cumplir con su deber”, afirmó.

 

Fiscales del Ministerio Público ajustados

Algo que ha notado Troconis, apuntó, es que en las audiencias que se han realizado tras el mes de protesta, los fiscales del Ministerio Público “en este momento histórico del país están actuando ajustados a derecho, puesto que han solicitado presentaciones periódicas mientras concluyen las investigaciones, que es lo correcto para los delitos menos graves”.

No así el caso de los jueces, quiso recalcar, a quienes, según cree, la historia sancionará.

“Es totalmente anormal y fuera de Derecho que el Ministerio Público pida medida de presentación, la defensa pida libertad plena y el juez diga fianza. El juez tiene que decidir en base a lo que las partes piden en una audiencia. Todo ha sido anormal y fuera de las normas”.

Troconis, para finzalizar, quiso subrayar que hay excepciones, como ha sido el caso de la Juez Quinta de Control, quien otorgó el beneficio de presentación como correspondía.

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