Para los abogados del país resulta alarmante el uso de la justicia para silenciar a quienes se oponen al proyecto político del Gobierno nacional.
El jurista Joel Rodríguez Ramos señaló que casos como el de la jueza María Lourdes Afiuni, la citación de la Fiscalía General de la República al periodista Nelson Bocaranda, y las acciones legales emprendidas en contra de dirigentes políticos de oposición como Richard Mardo, Leopoldo López y María Corina Machado, revelan que la justicia venezolana está respondiendo a intereses particulares y no a los de la Nación.
“La justicia es uno de los objetivos más sagrados de cualquier Estado y Sociedad. Utilizar la administración de justicia para enfrentar al adversario es una clara violación a la Constitución y un acto muy bajo”.
El fin más importante del derecho, agregó Rodríguez Ramos, es la búsqueda de la justicia.
“Hay que darle a cada quien lo que le corresponde. Si vamos a estar inventando supuestos delitos para estar persiguiendo a los disidentes, simplemente se ha pervertido el Estado”.
El Libertador Simón Bolívar, siempre expresó que la justicia era la más grande de las virtudes ciudadanas. “Creo que en Venezuela se acabó el estado de Derecho. Aquí se cumple lo que dice el poder ejecutivo.
Tanto el poder electoral como el Judicial están a su servicio”.
Recordó el jurista que María Lourdes Afiuni nunca violó las normas del país y sin embargo, ha sido sometida a abusos de todo tipo “Hemos retrocedido tanto que hay que empezar de nuevo.
En mayo de 1993 escuché por la radio que la Corte Suprema de Justicia había decidido enjuiciar al Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez. Pidió permiso al Congreso para ejercer estas acciones.
Ese día se demostró que en Venezuela había Estado de Derecho. Hemos retrocedido enormemente. Antes no había un sistema perfecto, pero ahora estamos en una situación terrible”.
A juicio del especialista el camino para revertir esta situación es formar a las nuevas generaciones con principios y valores democráticos. “La búsqueda de la justicia es la igualdad de todos ante la ley, incluyendo al Presidente de la República.
Estos delitos humanos que se están cometiendo no prescriben. Hay que decírselo a los jueces. Algún día tendrán que rendir cuenta tal y como ocurrió con Fujimori en Perú”.
