#Especial Universidades privadas bajo la lupa

María Fernanda Peñalver | Foto: Karen Paradas |

Hace algunos años, las instituciones privadas de educación superior pasaron a ser una opción para aquellos jóvenes que no podían ingresar a una universidad pública, pero también eran una salida a los constantes paros que acontecían en dichos centros educativos.

Sin embargo, esto aparentemente ha dejado de ser así debido a situaciones como las que ahora atraviesan en la Universidad Fermín Toro (UFT) y la Universidad Yacambú (UNY), las cuales se ven acechadas por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (Sundde), organismo que desde hace varios meses inspecciona los costos que manejan los centros de educacion superior.

En agosto del 2016 se presentó la denuncia ante el organismo regulador de parte de un grupo de estudiantes quienes denunciaban que en la UNY se pretendía realizar un incremento del 120 %, en ese entonces, el estimado por trimestre hubiese quedado en un aproximado de 70 mil bolívares.

Dicha acción tomó tal fuerza que la Sundde hizo lo propio y suspendió tal aumento, obligando a la universidad a inscribir a los 16 mil estudiantes que hacen vida en la institución, con costos correspondientes al lapso 2015-01, fecha cuando las autoridades habían presentado su última estructura de costos que arrojaba un monto que no superaba los 10 mil bolívares trimestralmente.

Desde aquel momento inició el proceso que hasta ahora vive la UNY: la espera de que se apruebe la descripción económica que fue enviada desde hace meses. “Se les escapó de las manos”, aseguró el rector Juan Pedro Pereira en declaraciones en relación a lo que inició como una pequeña denuncia y que ahora pone en riesgo a la comunidad universitaria.

Durante la espera han transcurrido dos procesos de inscripción. El último se realizó en el mes de enero y generó un gran conflicto debido a que se habían suspendido las inscripciones para estudiantes regulares en vista de que no se había tenido pronunciamiento del Sundde, por lo tanto los costos no son los más idóneos para iniciar las actividades académicas, pues no son sustentables para la universidad.

No obstante, la presión estudiantil logró que se tuviera la inscripción nuevamente con precios que corresponden a hace dos años, lo que se traduce en más de seis  aumentos salariales que no están contemplados en los aranceles.

A pesar del obstáculo, las clases iniciaron con la incertidumbre de que hasta finales de febrero se tenía presupuesto para cubrir los sueldos de los más de 900 trabajadores que laboran en la UNY.

Diferentes encuentros se han realizado entre autoridades y estudiantes con el fin de plantear ciertas propuestas que brinden una solución momentánea mientras se obtiene una respuesta de parte de la Sundde. Una de las opciones fue establecer una cuota especial que sirviera para paliar el déficit que se mantiene e, incluso, incrementa.

Tal propuesta fue rechazada a mediados de febrero, fecha cuando se conformó una mesa de trabajo para establecer acciones, pero a pesar de esto, luego de casi un mes, no se ha obtenido un resultado positivo.

Las autoridades se han encargado de manera constante de enviar comunicados a la Sundde, tanto en su sede en el estado Lara como en Caracas; asimismo el Ministerio de Educación Superior también conoce la situación que atraviesa la Yacambú.

Pero estos no son los únicos dolientes, los trabajadores también han mostrado su interés en tener una pronta solución y por eso han generado sus propios recados y organizado una marcha para expresar su descontento y temor ante una posible paralización.

Por su parte, los estudiantes mantienen  posturas divergentes. Algunos estaban de acuerdo con la cuota especial y así evitar perder tiempo con un paro, otros reclaman que los montos que fueron establecidos por la UNY en su estructura de costo son elevados y eso impediría que gran parte de la comunidad estudiantil pueda pagarlos.

Aparentemente la Unidad de Crédito tendría un valor estimado entre 3.700 bolívares y 11.800 bolívares para quienes cursan carreras de pregrado, cifra que resulta “exhorbitante” para algunos, por lo que creen que se debe buscar un punto medio y evitar pagar los 180.000 bolívares que debieron depositar los alumnos nuevo ingreso.

“Esperar y seguir exigiendo una respuesta”, dijo en una oportunidad el rector  Pereira sobre la situación en la que además aseguró que son “un conejillo de indias” debido a que es un caso en el que la UNY ha sido la principal afectada y con más tiempo esperando.

Hasta los momentos las autoridades también han mantenido un bajo perfil con el fin de que quizás se obtenga un resultado.

UFT sin respuesta

A pesar de que se trató de contactar a las autoridades de la UFT, estas aseguraron no estar autorizadas para dar declaraciones, mientras que su rectora, Vanessa Quero, no se encontraba en la ciudad. No obstante, han dado a conocer a la colectividad sobre el proceso por el cual también están pasando, debido a que desde el 2015 no se ha realizado un ajuste en los aranceles.

Tal es el aprieto en que se ha visto la universidad, que ha generado algunos conflictos con los empleados de la institución que en reiteradas oportunidades han exigido mejoras en los beneficios, tanto económicos como sociales.

Al no contar con una representación estudiantil, las autoridades tomaron la decisión de solicitarle a los universitarios realizar el pago de una “cuota compensatoria especial”, de 25 mil bolívares, asegurando que la misma contribuiría a realizar los pagos al personal que labora en la UFT, así como el mantenimiento de las instalaciones.

Si bien en el comunicado, dado a conocer a través de sus redes sociales, dicho pago no se presente como “una exigencia”, algunos estudiantes denunciaron que se les ha impedido ingresar a sus actividades por no haber cancelado tal monto.

Hasta los momentos se desconoce el estatus que mantiene la UFT ante la Sundde, por lo que se lamenta la desinformación al respecto debido a que ni siquiera los estudiantes conocen bien cuál es el procedimiento en el que se está sometiendo la casa de estudio, por lo que se teme que se pueda generar un incremento que no pueda costearse o que la institución deba paralizar sus funciones por falta de recursos, resultando afectados más de 20 mil alumnos.

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