La vida de un joven de 19 años de edad cambió violentamente en abril de 2017. A su juicio, no solo los militares son responsables por lo que sufrió en esos días; según cree, las órdenes del Gobierno nacional siempre fueron enfocadas a reprimir manifestantes.
Su nombre es Jonathan Lucena y sus sueños de conseguir una beca de estudios en el extranjero se vieron truncados. Ya no puede practicar béisbol.
Su historia sirve de referencia para ilustrar lo vivido por los más de 400 detenidos en Lara por protestar este año, en la actualidad registrados como procesados penalmente por el Foro Penal Venezolano (FPV).
“El 11 de abril yo me encontraba en Roca del Valle II celebrando una fiesta infantil. Estaba trancada la vía afuera, la Guardia llegó y se metió a la urbanización sin orden de allanamiento.
Mi papá y yo estábamos refugiados en una casa pero los guardias nos sacaron, nos dispararon, nos lanzaron en la ribereña y nos golpearon.
Después nos llevaron al Destacamento 121 donde nos tuvieron por dos horas mientras nos desangrábamos.
A mí me dispararon a quemarropa y me fracturaron la tibia. Polifragmentaron aproximadamente tres centímetros de hueso. A mi papá lo hirieron en el brazo y el pecho”, recordó Lucena al Diario EL IMPULSO.
Ocho meses después del grotesco episodio violento que protagonizó, recuerda que le dispararon en una urbanización vecina a la que se encontraba Tony Canelón minutos antes de ser asesinado.
“Estuvimos un mes presos en el hospital. Tuve dos intervenciones quirúrgicas, con un injerto de hueso incluido; pero todavía tengo problemas en mi pierna. Tengo dos bacterias que seguramente contraje en la segunda operación”, contó Lucena.
“Ha sido muy difícil. Yo practicaba béisbol y tenía pensado irme ahorita en diciembre a jugar en una liga independiente o a buscar una beca estudiantil.
Era de entrenar diariamente pero apenas pude empezar a caminar hace aproximadamente un mes. Esto ha sido horrible. La GNB me cambió la vida drásticamente”, expuso.
No conforme con los daños a su integridad física, Lucena debe gastar un día al mes para presentarse ante los tribunales larenses, como si de cualquier delincuente se tratase.
“Eran muchos guardias. Ellos se quitaron los nombres de los chalecos pero si veo sus rostros, podría identificarlos”, acotó después de exigir justicia.
Según cifras del director nacional del FPV, Alfredo Romero, a partir de 2013 el Gobierno de Maduro efectuó 12.007 arrestos políticos; 5.456 de dichas aprehensiones fueron en los últimos seis meses.
