Los últimos sucesos ocurridos en el municipio Andrés Eloy Blanco han provocado la alarma entre sus habitantes, urbanos y rurales, al punto de que para algunos, Sanare se convirtió en una ciudad sin ley.
Para exigir mayor acción por parte de los organismos de seguridad y justicia en los casos del presunto secuestro del comandante de las milicias, teniente coronel Juan Díaz Betancourt, y el asesinato del expresidente del concejo municipal, Fray Mendoza, un grupo de agricultores, comerciantes y vecinos se reunió este miércoles frente a la casa de la víctima fatal.
Habían convocado para la plaza Bolívar pero allí se iba a celebrar un acto de la alcaldía, por lo que se decidió el cambio.
Félix Saavedra, presidente de la Asociación de Comerciantes, declaró que, “lo único que estamos pidiendo es justicia en el caso del asesinato de Fray Mendoza, que era miembro de la Brigada Colectiva de Seguridad Integral AEB; que no vayan a desviarse las investigaciones que adelanta el Cicpc, que salga la verdad con los nombres de los autores materiales, y los intelectuales, que presumimos los hay”, afirmó.
Saavedra enfatizó en la tesis que mantienen otros amigos de Mendoza, en el sentido de que se trató de un asesinato por encargo.
Al preguntarle si no tiene temor ante las denuncias que ha venido haciendo, respondió: “Tenemos que tener precauciones, pues están corriendo rumores según los cuales yo voy a ser el próximo”.
Sin embargo, manifestó que eso no le va a impedir seguir exigiendo justicia, en ése y otros casos.
La concejal Rita Pérez, por su parte, dijo que la situación en el municipio es preocupante y que es necesario que se le diga al pueblo qué es lo que está pasando con la delincuencia, pues han reaparecidos los sicariatos, secuestros, extorsiones, robos de motos y de otros vehículos y mientras tanto, la policía carece de unidades y otros equipos para movilizarse.
“Sanare se ha convertido en una ciudad sin ley, lo que es preocupante y debe resolverse tan negativa situación”, enfatizó.
Epifanio Soto, caficultor de la parroquia Pío Tamayo, dijo que gracias a la brigada de seguridad que ellos mismos conforman, durante la reciente cosecha no hubo un solo robo de vehículos.
Juan Aponte, de la parroquia Yacambú, pidió se investiguen los casos por ellos denunciados, y que los tribunales no dejen en libertad tan fácilmente a los detenidos.
Desidero Torrealba, también caficultor, denunció que los delincuentes andan mejor armados que los funcionarios policiales y aclaró que la brigada no se dedica a detener delincuentes sino que anda “buscando lo que se nos ha perdido”.
“Si el gobierno no puede combatir la delincuencia, nosotros tenemos que protegernos y eso estamos haciendo”, manifestó.
Según Antonio Ortíz es preocupante que en el municipio se desarrolle la narcopolítica y los sicariatos de dirigentes sociales.
Se quejó del poco interés que quienes dirigen organismos de seguridad en el municipio tienen para establecer un enlace con la brigada que, mayormente, actúa en el medio rural, habiendo disminuidos los índices delictivos.
De la plaza Bolívar, el grupo se fue a la casa donde residía el ex concejal, permaneciendo allí en silencio durante unos cuantos minutos. Insistieron en voz baja en que ese crimen no debe quedarse impune. Rechazan que por razones políticas las investigaciones sean deviadas hacia motivos personales, descartando las denuncias formuladas sobre presuntas irregularidades en la alcaldía del municipio Andrés Eloy Blanco.
