La directiva del sindicato de empleados públicos de la Gobernación de Lara, celebró ayer un encuentro con delegados de los nueve municipios de la entidad, a propósito de discutir un plan de acción para exigir al gobernador de Lara, Henri Falcón, el reconocimiento y pago de sus derechos laborales.
Como parte del encuentro acordaron denunciar públicamente los atropellos de los cuales ha sido objeto el personal del ejecutivo regional, así como el incumplimiento en el pago de beneficios laborales.
Además, manifiestan que la gobernación de Lara no reconoce a la directiva sindical electa el pasado 11 de mayo. En tal sentido, exigen que se les convoque para discutir las condiciones laborales del personal y el uso que se dé a los recursos económicos dispuestos para personal a través de créditos adicionales.
Detallaron que el pasado lunes acudieron al Consejo Legislativo de Lara (Clel) para formular la denuncia ante la presidencia del ente y las comisiones de políticas públicas y finanzas. Como paso posterior realizarán la misma exposición en la Asamblea Nacional.
También introducirán un pliego conciliatorio con carácter conflictivo ante la Inspectoría del Trabajo, luego de una asamblea de empleados, la cual celebrarán los próximos días, como parte de una agenda de actividad de calle que diseñarán, respetando las convocatorias democráticas realizadas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en lo sucesivo.
Esperan respuesta
Aproximadamente 6.000 trabajadores de la Gobernación de Lara resultan afectados por el retardo en la discusión de contrato colectivo, ya vencido, el cual contiene clausulas laborales desfasadas, equivalentes a Bs. 50 por beneficio.
Asimismo, solicitan respuesta sobre la discusión de tabulador, ya que luego de los últimos tres aumentos de salario mínimo, decretados vía presidencial, los empleados de la gobernación devengan el monto mínimo permitido. Esto a pesar de que según contratación colectiva el mismo debe ser actualizado luego de cada ajuste del salario referencial.
También denuncian retrasos en los pagos de Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Ley de Política Habitacional y Caja de Ahorros.
Marín lamentó “que todas las puertas le sean cerradas a los trabajadores” y que en vez de dar soluciones se nieguen a atenderlos.
