Después del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia (IV Republica) al considerar viables el artículo 4, de la Constitución Nacional en concordancia con el artículo 181 ejusdem, para convocar el Referéndum, no puede existir duda al respecto, sobre las consecuencias jurídicas del legítimo proceso en marcha.
Los voceros más calificados de la opinión publica, sobre todo los que analizan la problemática nacional con un más diáfano sentido de interpretación, la absoluta posibilidad de emprender el proceso de la Constituyente, para efectuar la inmediata reconstrucción del Estado y, llevar a cabo, sin interferencias, los cambios fundamentales de orden económico, jurídico y social, que demanda el tiempo que estamos transitando.
Atrás de esta interpretación de orden constructivo, se han colocado quienes de manera temeraria se habían presentado, como sostenedores de ideas pesimistas y partidarios de aquella visión estrecha de nuestra evolución social, empeñados en sostener, que el nuestro, no es pueblo apto, para la vida y el ejercicio de la democracia.
Entre los vesilíferos de la tendencia desbrozada de vicio o calculo interesado, que vienen analizando este proceso con visión renovada, se nombra al doctor Ricardo Cambellas, quien aduce uno de los mejores conceptos analíticos, que animan este debate, al sostener, con plena confirmación de la realidad actual, que la reforma constitucional tiene valor secundario, ante la plenitud soberana que encierra el mandato popular constituyente.
En estos términos bien podrían ubicarse los estrategas del momento político de los días que corren: reformistas, los sostenedores de las ideas de decadencia y sostenedores de privilegios de bipartidismos decadentes y constituyentitas, las mentes lúcidas que delinean los caminos que el país requiere para su inmediata restauración moral.
Correspondió a esa Constituyente soberana que se instaló hace un lapso de quince años: 1.999-2.014 y la que tuvo como objetivo superior, acomodar el orden de las libertades y garantías de los derechos humanos fundamentales, para reedificar un sistema donde el gobernante no sea déspota ni el ciudadano súbdito.
Esto es, hacer la Republica, a la imagen y semejanza del pueblo, luchador imperecedero de este nuevo orden político y social, capaz de valorizar la soberanía, la independencia y la auto-determinación internacional, que nos haga dueños irrenunciables de nuestro propio destino.
Sin embargo, la Constitución Soberana, que nació hace 15 años, en las manos del pueblo venezolano, que la recibió con tanto alborozo, para hacerla objeto de su bienestar social, político, económico e inalienable, ese preciado instrumento, que pondría la economía al servicio del hombre, sus metas han sido incumplidas por obras de un régimen arbitrario y dictatorial y sus objetivos interceptados en escarnio de los sagrados derechos del pueblo.
Somos el país que ha forjado la más avanzada y moderna Carta Constitucional, pero también en el que se viola cada vez más la Constitución, estableciendo el duro contraste, de una actividad política, en que el deber democrático y cívico sea acatar el fuero de la legalidad, sino, extremar la retaliación, el odio y la violencia, como únicas fórmulas de gobierno.
En su diáfano libro Historia Inconstitucional dice su autor Asdrúbal Aguiar: “Lo hago a título de memoria para las generaciones del porvenir y como contribución a la forja de otra sociedad en Venezuela, que se funde sobre la verdad y huya despavorida de los mesianismos”. Hacía falta ponderado breviario de cómplices, amigos y cooperadores en el exterminio del orden constitucional nacional.
