Barbarie y negociación

Juan Páez Avila |

Los delitos de lesa humanidad cometidos por funcionarios militares, policiales y paramilitares afectos al gobierno, condenados por la opinión pública democrática nacional e internacional, no sólo hace más difícil la negociación entre representantes oficiales y la oposición, con el objetivo de tratar de encontrar una solución a la grave crisis que sufre el país, sino también que aumenta la incredulidad en la palabra del gobierno, que cada día confirma una política de la mentira.
La negativa de los representantes de la oposición a asistir a la reunión que estaba programada para el 18 de este mes de enero, en la República Dominicana, como consecuencia de un señalamiento irresponsable, como lo calificó Henry Ramos Allup, Secretario General de Acción Democrática, del Ministro de Interior, Justicia y paz, acerca de una supuesta infidencia de parte de alguno de los miembros de la delegación opositora, en torno al paradero del ex Inspector del Cicpc, Oscar Pérez, quien fue asesinado después de manifestar su decisión de rendirse y entregarse a las autoridades, cierra la posibilidad de continuar el diálogo y la negociación en lo inmediato.
Los representantes de los partidos políticos de la oposición que han asistido a varias reuniones con los funcionarios del gobierno enviados por el Presidente Nicolás Maduro, consideran que es intolerable sentarse en una Mesa de Negociación, después que el ministro del Interior, Justicia y Paz, le coloca una bomba de tiempo, con claros fines de boicot a la misma.
La violación de los derechos humanos de un adversario o enemigo, en condiciones de rendición, como sucedió con Oscar Pérez y quienes le acompañaban en su aventura política, equivocada de acuerdo a la experiencia mundial, y contraria a la política pacífica, electoral y constitucional de los integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha tenido una condena a escala mundial, porque hasta en la guerra está establecido que a un soldado u oficial rendido se la garantizan sus Derechos Humanos, como sucedió con la rendición el extinto Presidente Hugo Chávez cuando el 4 de febrero del 1992, se vio derrotado y se entregó a las autoridades militares que comandaba el expresidente Carlos Andrés Pérez. A todas las personas informadas en torno a lo que pasó después, les consta del trato respetuoso y humanitario con el que se le trató.
Todo parece indicar, por lo expresado por los representantes de los Partidos Políticos que asistían al diálogo y la negociación con los del gobierno, que mientras no se aclaren los hechos que condujeron a la muerte de Oscar Pérez y sus acompañantes, y el gobierno no desmienta al Ministro del Interior, Justicia y Paz, en torno a la acusación que le hizo a algún miembro de la delegación opositora, no se reanudarán la reuniones, con el peligro de que la conducta represiva y mentirosa del oficialismo, propicie el retroceso del país hacia una escalada de barbarie.
Y finalmente frente a un panorama de mayor violencia oficial, la oposición tiene la obligación de buscar alternativas, en el marco de la Constitución Nacional, para presentarle a la nación y al mundo democrático, las propuestas requeridas para producir un cambio democrático de gobierno, que frene la hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas, la inseguridad de las persona y los bienes, y en general que restablezca el Estado de Derecho, que libere a los presos políticos, regrese a los exiliados, abra un canal humanitario e impulse la recuperación de la economía nacional, para acabar con el hambre y otros males que afecta a la mayoría de los venezolanos.

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