A menos que exista un interés político, electoral, o de distracción, la aplicación de los mecanismos legales sancionatorios a un comercio, o red de ellos, al cual se le compruebe usura u otros delitos, no debería ser un escándalo, sino un mero evento administrativo normal, revestido, además, de las garantías que, en todo caso, el ordenamiento legal vigente prevé.
El país no tenía por qué ser paralizado para contemplar cómo a unas tiendas, con presencia en cuatro ciudades, se les obligaba a bajar los precios de electrodomésticos, con la insana pretensión de resumir en ese caso a todo quien se dedique al comercio. Tamaña injusticia. Esa tienda, gritó el Gobierno, especulaba. Sea cierto o no, los términos generalizados de la reprobación pública convierten a todo el sector en delincuente, o, por la medida chiquita, en sospechoso. Se estigmatiza, así, el libre comercio. Los comerciantes honestos, sin lugar a dudas la mayoría, aparte de las tantas calamidades que afrontan a diario, son asaltados ahora por el miedo a ser objeto de medidas arbitrarias, que, sin posibilidad alguna de defensa, los conducirían a una ruina segura.
Si Daka vacía, a precios por el suelo, todo su inventario, ¿quedarán resueltos los problemas del desabastecimiento y la inflación? ¿No es eso, acaso, una mera ilusión, un cálculo político que, con base en la amenaza, la siembra del odio, y la propaganda, busca correr la arruga de una angustia colectiva ya imposible de ocultar? Si el problema es que la empresa privada es corrupta por naturaleza, ¿por qué, entonces, las tantas fábricas expropiadas por el Gobierno, ni producen ni compiten en precios? ¿Por qué no hay cemento, y el que se consigue es con sobreprecio, si el Gobierno tiene el monopolio? ¿Por qué no hay cabillas, si el Estado controla 95% de la producción, a través de Sidor, Sidetur y Sivensa? ¿Qué pasa con el azúcar, si 60% de los centrales azucareros fueron estatizados? Y, por último, si hay privados que piden dólares y no traen la mercancía, ¿qué pasa con los controles, en buena medida en manos de militares? En cada trampa, que las hay, alguien se hace de la vista gorda, y es cómplice. Eso no es de gratis.
El país debe seguir su marcha. Y la transparencia que se le exige al sector privado, está obligado a observarla, en forma ejemplarizante, el Gobierno. Nosotros, en EL IMPULSO, en tanto, hemos sido víctimas de este mortal festín. Mientras la nación pende del hilo de un escándalo distraccionista, padecemos nuestro particular vía crucis. Hemos sido inspeccionados y expuestos, sin réplica, por un parlamentario, mentiroso compulsivo, a quien poco le importa largar, sin recogerlos al quedar en evidencia, sus infundios y despropósitos. Todo está en regla, pero aún así no se nos termina de asignar las divisas de las cuales estamos urgidos para importar el papel, la tinta, y demás insumos. A lo largo de todo el año 2013 no hemos recibido un solo dólar. Los trámites avanzan, si es posible forzar el término, a paso de morrocoy. Con una lentitud pasmosa, fatigante y onerosa. Son varios meses desgastantes de papeleo, ruleteo y agonía. Acaban de darle visto bueno, burocrático, a la penúltima de las solvencias que harán posible, al fin, iniciar el protocolo de Cadivi, y ahí comienza otra historia.
Estamos al día (algunas de las solvencias, por cierto, no implican pago), pero, aún así, la expedición de cada papel, que debería ser una diligencia rutinaria, sencilla, automática, es retrasada sin más explicación que el ánimo de discriminarnos. Nos dan, ex profeso, un trato diferente. Los plazos o términos no son respetados. Todo depende de la voluntad discrecional del funcionario, en cada oficina. Además, existe el calvario digital. Las páginas web por medio de las cuales deben bajarse formularios a ser llenados, permanecen semanas enteras colapsadas, o caídas. Inaccesibles. El sistema está diseñado para que sólo pueda cumplir una organización que cuente con un ejército de abogados, gestores, y personal dispuesto a perder en colas y alcabalas todo el tiempo que a ellos se les antoje.
Media docena de periódicos regionales han interrumpido su circulación y las alarmas están encendidas en otros. Por nuestra parte, estamos dispuestos a mantener la lucha, sin vacilación ni tregua. La palabra claudicar no existe en nuestro diccionario. Tampoco estamos en venta. Bajo ningún respecto, dejaremos de estar al frente de esta empresa dedicada a producir ideas, luces, verdad, ciudadanía, libertad.
Nada ni nadie nos torcerá esta voluntad centenaria. Nada ni nadie nos sacará del camino, que, aun tachonado de dificultades, es el único camino que conocemos.
