Editorial:  Justicia del terror

Es preciso decirlo claro, sin eufemismos, con todas sus letras: en Venezuela no existe Estado de Derecho, porque no hay separación de poderes. Los jueces no son autónomos. Sus decisiones pasan por un filtro partidista. Los ciudadanos no son iguales ante la ley. La víctima es susceptible de ser sometida a la más atroz de las indefensiones y vejámenes, mientras el victimario de continuo es exaltado al rango de héroe de la patria. Los tribunales, a los que se les dicta pauta desde el propio TSJ, orgullosamente rojo rojito, han pasado a ser órganos de la represión oficial contra todo quien piense distinto al poder. El papel, deplorable, de la fiscalía, es avalar esa cadena de perversiones.

No hay instancia posible. A las ong’s defensoras de los derechos humanos se les persigue. En este país ser un preso político es verse reducido a la más abyecta expresión humana, la de la escoria. Eso, sencillamente, es la negación de la justicia. Y en definitiva semejante sistema podrá ser cualquier cosa, menos democracia.

Hay suficiente basamento para arribar a esa concreta y terminante conclusión. La organización Proyecto Mundial de Justicia acaba de evaluar a 16 países de la región para elaborar el Índice de Respeto al Estado de Derecho 2012-2013. Venezuela, qué vergüenza, ocupó el último lugar. Esa valoración apenas mejoró al ser ampliado el foco de naciones en estudio, pues en el ranking mundial, que tomó en cuenta a 97 países, la cuna del hombre nuevo quedó en el puesto número 95: sólo superó a Zimbabwe y Uzbekistan.

El horizonte se vuelve más sombrío con la “decisión soberana”de producir la salida de Venezuela de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, así como el sistemático desconocimiento de los tratados y pactos internacionales de los cuales la República es signataria. Un balance nada alentador, por supuesto, que la revolución bolivariana se ha visto forzada a admitir, balbuceante y acomplejada, aunque sin ánimo alguno de rectificación. En Ginebra, Suiza, al declarar ante el Comité Contra la Tortura de la ONU, la enigmática representación del Gobierno reconoció que en 2013, de 1.700 jueces, 1.095 eran provisionales. En los informes procesados salió a relucir ese antro de indignidad y de la bajeza, todo en grado superlativo de brutalidad y sadismo, en que se han trocado las cárceles venezolanas, entre las más violentas del mundo. Qué curioso y lamentable que todos nuestros récords mundiales (inflación, violencia) sean denigrantes.

Allí, en Ginebra, fueron expuestos sobrecogedores y abundantes casos de tormentos a quienes han caído presos tras las protestas: tratos infamantes, crueles, lesiones físicas (incluso craneales), amenazas de violación, acoso sexual, inspecciones vaginales y anales, burlas, aislamiento, torturas de tipo político, negación de la asistencia de un abogado o de un médico. En fin, un sórdido expediente de vilezas ante las cuales surgen admirables, y apropiadas, reacciones como la de Daniel Ceballos, destituido de la alcaldía de San Cristóbal y preso en una cárcel militar. Ante los magistrados del TSJ tuvo el coraje de decir: “Agradezco a Dios por permitirme pronunciar estas palabras, frente a una corte que no está compuesta por magistrados que deben atender a la justicia, sino que está conformada por verdugos que cumplen instrucciones de una dictadura”.

La idea del poder, cuando se avizoran convulsiones sociales, es apretar aún más las tuercas de la opresión, del silencio. Ahora se pretende instaurar el delito del terrorismo cibernético, es decir, castigar la expresión del malestar, y de la creciente y resuelta crítica ciudadana, a través de las redes sociales. Es, asimismo, lo que explica el mensaje que se intenta dar al resto de la población, con el confinamiento en la cárcel de Uribana de la señora María Elena Uzcátegui. No es el sitio en que debe estar una dama digna, de irreprochable conducta, a sus 56 años. Sus familiares y vecinos advierten que ella sólo le brindó protección humanitaria en su apartamento, en el Este de Barquisimeto, a unos estudiantes cuya integridad estaba en riesgo. No obstante, en atención al libreto, una jueza ordenó su reclusión, tras ser acusada, cual peligrosa terrorista, de instigación, hurto, posesión de explosivos, intimidación y daños a la propiedad. “Está de muy bajo peso, unos 38 kilos aproximadamente, desnutrida y deshidratada, pero no le permiten el traslado a ningún centro médico. Tememos mucho por su salud, sobre todo por su estado emocional deprimido”, relató una sobrina. Su abogada y hermana, Carmen Uzcátegui, quien no ha tenido acceso al expediente, agregó: “Ella está en un entorno donde las condiciones son infrahumanas, ha sufrido maltrato verbal, vejaciones y humillaciones. Padece de insuficiencia bronquial, pero no permiten llevarle medicinas ni comida”.

Es hora de detener semejante barbaridad. Lo decimos en nombre de la sociedad larense, proverbialmente decorosa. Esos no son sino los decadentes signos de una justicia del terror.

 

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