En un país atiborrado de incertidumbre, y recelos, de repente se filtra desde Francia, la versión, hasta entonces desconocida, según la cual apenas unas horas después, el miércoles 13, se reactivaría el diálogo entre el Gobierno y la oposición, en la República Dominicana.
La sorpresiva noticia tuvo un alto impacto, entre otras cosas porque el presidente francés, Emmanuel Macron, acababa de llamar “dictador” a Nicolás Maduro. Además, las expectativas de la opinión pública venezolana, y también las de la comunidad internacional, no giraban en torno a la posibilidad de un inmediato acercamiento entre el oficialismo y la MUD, sino respecto a los demoledores efectos de las sanciones financieras de los Estados Unidos; y, sobre todo, en cuanto a las severas dificultades que el Estado venezolano afrontará para que la nación funcione, aunque sea a medias, más allá de su colapso actual, y se puedan atender las apremiantes obligaciones que impone la gravosa deuda externa.
El diálogo, siempre necesario, siempre preferible a la perpetuación de un conflicto, no tiene objeción como tal. Lo ciertamente infortunado es que, una vez más, se ensaye sin agenda clara, ni transparencia. Que sea exhibido como fruto de un arreglo oculto. La sociedad venezolana, tan maltratada, tan escéptica, está sedienta de orientación, y eso no se logra con verdades a medias.
Fiel a su incurable cinismo, el Gobierno alimentó las sospechas. Le inoculó su veneno. La misma noche en que el canciller Jean-Yves Le Drian destapó la olla del encuentro dominicano, con la intención de celebrarlo, Maduro lo vendió como un logro de la revolución, y, encima, exigió a “la derecha” cumplir esta vez su palabra.
El Gobierno dejó expresa constancia de su hipócrita voluntad al enviar como emisarios de paz a un trío incendiario: Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Roy Chaderton; y al sugerir como países “acompañantes” de ese proceso, a Bolivia y Nicaragua, que nada equilibrado ni edificante pueden prometer. No conformes con tales desmanes, voceros oficiales se deleitaron en divulgar, como dialogantes de la oposición, los nombres de algunos dirigentes que si algo los distingue es un altísimo rechazo dentro de la propia oposición.
Pero ese es el papel que el Gobierno asume. Se comprende que el poder haga sus jugadas, conforme a sus intereses. Como cada vez que atraviesa dificultades serias, tratarán de oxigenarse y ganar tiempo. Les ha ido bien con esa receta. Ahora, ¿qué plantea el país democrático en aquella isla antillana? Si se dialoga, y se anuncia otro “acercamiento” el 27 de septiembre, ¿cuáles son las premisas? ¿Por qué transmitir duda, y hasta complejo, al negar el diálogo y viajar al lugar de la cita? Está claro que estos tópicos ameritan reserva, no obstante, ¿qué asuntos forman parte de la negociación a la que suele conducir la resolución de cualquier discrepancia? ¿Por qué hay en todo esto meros “facilitadores”, “acompañantes” simbólicos, y no mediadores, terceros reales, imparciales, con autoridad para tomar decisiones e indicarle una ruta a las partes? ¿Quiénes serán los garantes de que se acate lo acordado, en los plazos y términos que se fijen?
La MUD posee una carta clave. Amparada en la urgencia de diálogo que acusa el Gobierno, así como en la indudable conveniencia que tiene para el país alcanzar un acuerdo que ayude, al menos, a paliar esta tribulación de nunca acabar, podría colocar como una condición inapelable para el diálogo, abordar, de primero, la restitución de las facultades de la Asamblea Nacional, sacarla de su presunto “desacato”. Eso probaría la dudosa buena fe del Gobierno. Así el país estaría en vías de reparar la ruptura del hilo constitucional y transitar hacia la salida electoral, pacífica, democrática, con un CNE legitimado, creíble, y un cronograma despejado de argucias bastardas.
Lo demás sería, sencillamente, pérdida de tiempo. Sería prestarse a una comedia bufa. Y la Venezuela con hambre, aprensiva, que acaba de perder a 135 de sus hijos en las calles bajo el fuego de los fusiles y no cesa en su penosa diáspora, no está para eso.
