El acercamiento iniciado entre el oficialismo y la oposición bajo los auspicios y la facilitación de la Unasur y El Vaticano con el propósito de alcanzar un entendimiento que permita consensuar una salida pacífica y constitucional a la grave crisis que en todos los órdenes padecemos los venezolanos, debería acelerar el desarrollo de la transición política en el país; cualquiera sea el desenlace de estos encuentros, ya sea, la restitución del referendo revocatorio conculcado por el CNE, o la realización de elecciones generales, por citar dos de las propuestas servidas en la mesa de discusión con sus respectivos acuerdos complementarios (liberación de los presos políticos, reinstitucionalización del país, entre otros puntos sustantivos), e inclusive, hasta el fracaso de estas conversaciones, se torna impostergable acometer la actual dinámica de contracción económica, de caos institucional, de deterioro social y de confrontación política que sólo será posible bajo el entorno de un “régimen de transición”, escenario de desempeño político que por cierto tiende a confundirse con el de “gobierno provisional”, pero como ya lo veremos, no significa ni conlleva a lo mismo.
En este orden aclaratorio, es pertinente señalar el significado del término “transición” para poder entender la “crisopeya” requerida para el reencausamiento de nuestro país y a la vez diferenciar esta ruta de tránsito político de la del gobierno provisional. Comencemos, entonces, por lo primero, es decir, por conocer lo que el DRAE precisa como «transición”: “acción de pasar gradualmente de un estado a otro o de una situación a otra”. De acuerdo a esta definición y aplicándola a la circunstancia que nos ocupa, el cambio no se limitaría únicamente a la mera sustitución de quien ejerce la primera magistratura del Estado, lo cual sería en todo caso el alcance del gobierno provisional; éste va mucho más allá. Habría que entenderlo como una transformación total del sistema político-económico que conlleva, como bien lo precisó Manuel Caballero en su investigación “Transiciones en la Historia de Venezuela”, a un cambio significativo en la sociedad, por lo que “sólo podrá considerarse un régimen de transición aquel que contenga un proyecto de sociedad. Es decir, no sólo gubernativo, sino de la sociedad entera”. Este ilustre historiador de proyección universal también acotó que esta etapa no comienza a partir del relevo gubernamental, sino desde el momento en que el proyecto se hace conciencia nacional, aspecto éste que termina de “redondear” la comprensión sobre la implicación de este vocablo.
Asumiendo lo postulado por Caballero y a pesar de que todavía no se tiene fecha para la festividad del reemplazo del moribundo régimen venezolano, pudiéramos puntualizar que el proceso de transición en Venezuela ya se encuentra andando toda vez que nuestra población tiene pleno conocimiento de su situación calamitosa y visualiza como salida a la misma la sustitución democrática del primer mandatario de la república, con lo cual se encauzaría la transformación de las intolerables condiciones económicas, políticas y sociales.
Como corolario de todo lo expuesto, es menester precisar que en el avance de la transición se deberá acometer como mínimo los siguientes aspectos, a saber: 1) Restitución del basamento civilista de nuestra sociedad; 2) Reinstitucionalización de la superestructura del país 3) Desarraigo del liderazgo mesiánico y populista que tanto daño le ha hecho a las ejecutorias públicas; 4) Reconstrucción del giro productivo en torno a la iniciativa privada y 5) Erradicación de la visión de un Estado rico y benefactor frente a una sociedad pobre y pedigüeña.
