Desafiante, tratando de emular al Fidel Castro que descendió victorioso de la Sierra Maestra con el apoyo de casi toda América Latina y Europa, y que posteriormente al ser expulsado a la OEA, buscó u obtuvo el respaldo la Unión Soviética, la segunda potencia del mundo de entonces, Nicolás Maduro cree o le han hecho creer que no sólo vive tiempos similares, sino que también cuenta con un liderazgo continental y una solidaridad rusa o china, para enfrentar cualquier resolución de la OEA.
Los insultos al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, sin responder a ninguna de las denuncias y testimonios que éste recoge de familiares de presos políticos secuestrados ilegalmente, algunos sometidos a torturas infames, violando los Derechos Humanos establecidos en la Constitución Nacional que Hugo Chávez hizo llamar Bolivariana, no son demostrativos de que gobierna en un Estado de Derecho.
Los insultos del presidente Maduro y de su canciller no pueden demostrar que es constitucional desconocer las facultades que la Carta Magna le asigna a la Asamblea Nacional, y menos utilizar el Poder Judicial para anular las leyes que dicha Asamblea aprueba en su condición de Poder Autónomo.
Nicolás Maduro no puede convencer a otros jefes de Estado de que los Poderes Públicos en Venezuela son independientes, porque es evidente el sometimiento del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral y del llamado Poder Moral, dirigidos por militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a las órdenes de Miraflores.
El gobierno no podrá evitar que prospere el proceso en su contra, iniciado por el Secretario General de la OEA, descalificando a dicha Institución Continental, y en particular a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, si su creación fue respaldada por el extinto comandante Chávez, y aplicada al gobierno inconstitucional de Honduras, a petición del propio ex presidente. La única manera de evitar que el proceso llegue hasta la expulsión del gobierno de Maduro de la OEA, es que acepte llamar a elecciones en lo que queda del año y le dé argumentos a algunos gobernantes latinoamericanos, para que propongan posponer una decisión final.
Las amenazas de Maduro llamando al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a que enjuicie a algunos diputados o a ciudadanos opositores, por traición a la Patria, por solicitar que se le aplique la Carta Democrática Interamericana a su gobierno, no amedrentan a la oposición, no sólo porque están actuando en el marco de la legalidad democrática, porque dicha aplicación no contempla intervención ni injerencia alguna contra Venezuela, sino porque dicha resolución únicamente establece sanciones a un gobierno que ha roto el hilo constitucional.
Finalmente, Maduro frente a la OEA, tomando en cuenta los extremos a los que está llegando la confrontación, en la que la legalidad internacional favorece la posición del Secretario General, Luis Almagro, le queda la alternativa de una negociación política, en términos de mutua conveniencia y evitar males mayores, excepto que se imponga en la Sala Situacional que le asesora, el pensamiento dogmático del castrocomunismo y los intereses de algunos corruptos, acusados en tribunales internacionales de responsabilidad en el tráfico de drogas y en el lavado de dinero, lo que podría conducirlo a un abismo insondable. Amanecerá y veremos.
