Hasta hace pocos meses, y con mayor precisión podría decirse que hasta el 30 de julio de 2017, las negociaciones estaban planteadas en la búsqueda de acuerdos que permitieran que quienes están en el Gobierno salieran de Miraflores sin mayores traumas, en un esquema que permitiera la cohabitación para el período 2019-2024.
Se estimaba, dados los resultados electorales de 2015, claramente favorables a la oposición, que en el momento en que se realizaran elecciones presidenciales el candidato de la Mesa de la Unidad se llevaría el triunfo. Por lo tanto, lo que estaba en discusión eran los términos de la convivencia y las garantías que facilitaran la alternancia.
Por lo demás, la situación económica y el malestar social que se generaba con la inflación, así como el desabastecimiento y el deterioro de los servicios públicos, no hacían sino apuntalar esta perspectiva, puesto que se consideraba natural que en un cuadro de tal naturaleza, el sector gubernamental difícilmente podría conservar su votación histórica.
Sin embargo, luego de los meses de protestas y disturbios de 2017, que apuntaban al derrocamiento del Presidente, se produjo una derrota de la estrategia que se había aplicado, lo que trajo como consecuencia la desmoralización de los seguidores de la oposición. Su electorado se replegaba sobre sí mismo y se negaba a concurrir en masa a las votaciones, como aconteció en la elección de gobernadores de noviembre de 2017. A todo esto se le añadía la dificultad para conseguir un candidato unitario y atractivo, ya que sus líderes habían perdido el poder de convocatoria al no haber sabido conducir a sus seguidores por un sendero exitoso.
Desde ese momento el carácter de las negociaciones se invirtió, porque la oposición ya no estaba en condiciones de mover su electorado, por más que fuesen mayoría los que juzgasen como negativa la gestión gubernamental y que el malestar social se hubiese continuado incrementando. El abstencionismo espontáneo se hizo superior y más amplio que el predicado por los grupos del activismo radical, y los partidos de la Mud perdieron el control de la situación.
Por estas razones, las negociaciones realizadas a partir de agosto de 2017 han girado en torno a las peticiones de la oposición dirigidas a persuadir a sus electores para que regresen al redil electoral. El centro del asunto ha sido el de las llamadas condiciones, que tienen más importancia por su efecto sicológico que por las garantías efectivas que pudieran brindar, puesto que en el centro dirigente de la oposición no hay mayor desconfianza en esta materia. De lo que se trataría es de persuadir a los electores.
El adelanto de las elecciones, que hasta ayer era bandera de la oposición, ahora es asumido por el Gobierno y rechazado por la mud. Se trata claramente de un juego de intereses, en el que poco cuenta, para ninguno, la institucionalidad. No se negoció a tiempo la alternancia ni se creó un esquema de cohabitación. Y estas son las consecuencias.
