Septimo dia

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Desde hace cierto tiempo en el país está planteada la necesidad de reivindicar la deuda social contraída con las personas de la “tercera edad”, sean estas pensionadas, jubiladas o no, lo cual en las circunstancia actuales, se hace impostergable dada la voraz inflación existente, que consume en minutos cualquier diminuto ingreso.

Es así como el Instituto Venezolano del Seguro Social (I.V.S.S.), organismo encargado de manejar las pensiones de vejez en el país, solo ha contemplado que disfruten de este beneficio, aquellas personas que tuvieron la oportunidad de cancelar el número de cotizaciones exigidas en la Ley.

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Al respecto, no nos parece justo que sean estas las únicas personas con acceso a esta importante conquista social, quedando excluidos quienes se han desempeñado como amas de casa o como trabajadores de la economía informal entre otros.

En ese sentido, existe una vieja deuda con un vasto sector de la población, a los cuales no les bastó con la aplicación del Decreto 7.401 implementado años atrás por el Ejecutivo Nacional, sino que este debe colaborar para que su instrumentación siga siendo una realidad viable, a través del financiamiento de las cotizaciones, con cargo al valor de las pensiones de vejez.

Por otra parte, además de que esta debería ser la mejor salida para que se haga justicia, también existe otra vieja aspiración de los pensionados y jubilados, el bono de alimentación y medicinas, hoy convertido en una bandera política de oficialistas y opositores, al igual que los tres meses de salario de aguinaldos de fin de año, tantas veces ofertados en los procesos electorales y luego no concretados.

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Como podemos observar, continúa planteado revisar la legislación existente en materia social, también para que las leyes vigentes no sean “letra muerta” y además se termine de definir la creación de un Fondo de Pensiones y Jubilaciones, con recursos provenientes del excedente petrolero y de esta manera, desligar el Fondo de los altibajos del Presupuesto Nacional.

Otra circunstancia a ser revisada por la Asamblea Nacional Legislativa (A.N.L.), es lo relativo al establecimiento del monto de las pensiones, hasta este momento vinculado al salario mínimo nacional, lo cual no se corresponde con la realidad del resto del mundo, donde el valor de las pensiones está íntimamente relacionado al costo de la canasta básica.

Finalmente, se debe evitar a todo trance, que este tema tan importante para las personas de la tercera edad se politice o el gobierno nacional recurra a la vieja práctica de argumentar la falta de recursos, cuando siempre ha existido un importante excedente petrolero, que bien puede ser utilizado para estos fines, lo cual además, resulta ser justo y necesario, para quienes lo tienen muy bien merecido y aportado al país. Valor y Pa´lante.

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