Séptimo Día

Jesus Granadillo |

En estos días hemos tenido la oportunidad de constatar el estado deplorable de algunos servicios: la vialidad, el transporte y el incremento de la inseguridad.

Así tenemos cómo los terminales de transporte terrestre han colapsado y se convirtió en un vía crucis conseguir pasajes. En el caso de los aeropuertos, el retraso de los vuelos y la sobreventa de boletos ha sido un lugar común y pobres de aquellos que deben movilizarse en sus propios vehículos y transitar por esas destruidas carreteras del país.

Pero también debemos referirnos a la acentuada deficiencia de algunos servicios públicos esenciales, como es el caso del agua potable, el congestionamiento de las líneas telefónicas y celulares, y qué decir de los constantes y prolongados apagones, ahora con la “ridícula” excusa de que son ocasionados por los “globos del deseo”; mención aparte merece el calvario que viven los habitantes de Barquisimeto y Cabudare, ante la inundación de la basura, producto del inoperante servicio en la recolección de esos desechos.

Ahora bien, lo que definitivamente pareciera no tener remedio es lo relativo a los altos niveles de inseguridad existentes, los cuales siguen en un crecimiento vertiginoso a lo largo y ancho del país, sin distinción de género, clase social, profesión o ubicación geográfica de la vivienda o sitios de trabajo.

Como podemos observar, el país se encuentra en un estado de total calamidad, donde la población entera vive al borde de un precipicio, por causa de unos servicios públicos inservibles y de unos funcionarios responsables del manejo de los mismos, los cuales actúan de espaldas al colectivo y con una total indiferencia.

Por otra parte, las comunidades se han visto en la necesidad de realizar innumerables protestas con cierres de vías y quema de objetos, causándoles molestias a los transeúntes y conductores, sin que ello se revierta en soluciones efectivas, dada la incapacidad de los organismos competentes a buscarle solución y la actuación obstructiva de algunos entes legislativos estatales.

También se ha convertido en un lugar común, el ecocidio practicado con la vegetación de la áreas urbanas de las ciudades del país, con el obstinado pretexto de usar ese material para obstruir el libre tránsito de transeúntes y vehículos y así realizar actividades opositoras.

Finalmente, quisiéramos ser optimistas en relación con la mejoría de los servicios públicos, pero obviamente que resulta cuesta arriba, dada la poca calificación profesional de algunos de los encargados de velar por el cumplimiento de estas responsabilidades y el daño que produce el excesivo clientelismo político. Valor y pa’lante.

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