Al cumplirse el quinto aniversario de la fundación del Comité de Víctimas contra la Impunidad (CVCI) en el estado Lara, el resultado más significativo e importante es que ya se ha conformado una red de este tipo de organizaciones en Aragua, Barinas, Guárico y Yaracuy, además de contar con el apoyo del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y Cofavic, de Caracas.
De esta forma se pudo realizar, durante el día de ayer, en la casa Ciudad de los Muchachos, el Encuentro de Comités de Víctimas y organizaciones de Derechos Humanos.
La impunidad fue el tema sobre el cual recayeron la mayoría de las intervenciones.
En este sentido hicieron hincapié en el colapso de las fiscalías, por cuanto todos los días se acumulan los casos de asesinatos; la alteración de evidencias por parte de los funcionarios policiales encargados de recoger las evidencias de pruebas, para que el delito pueda ser demostrado ante un tribunal y los privilegios que les son concedidos a los policías cuando cometen un delito, ya que no son enviados a la cárcel sino que los alojan en los cuarteles a los cuales pertenecen.
En este encuentro se dijo que son innumerables los procedimientos viciados, en los cuales se alteran las pruebas; muchas veces se excluye a las víctimas del sitio donde ha ocurrido el suceso y hacen desaparecer las evidencias.
También se planteó la necesidad de depuración de los cuerpos policiales, para que éstos no sean manejados, en algunos casos, como mafias, ya que se ha denunciado la protección brindada a narcotraficantes y a pesar de que éstos mismos han confesado ese hecho, no se ha procedido a profundizar investigaciones.
Igualmente se habló de funcionarios delincuentes, como el secuestro de dos jóvenes de El Tocuyo, hijos de un caficultor, en el cual actuaron policías, quienes planificaron el plagio en la propia sede de su comisaría.
Otro detalle que llama la atención es que los uniformados involucrados en delito no son castigados, sino que son remitidos a otras comisarías para que se sigan desempeñando con toda normalidad, lo cual incide en el hecho de que la impunidad se imponga sobre la justicia.
Los informes sobre la violencia por parte de los cuerpos policiales sitúa a Lara en segundo lugar después de Anzoátegui.
Ya van 60 ejecuciones
A Ninoska Pifano, integrante del Comité de Víctimas contra la Impunidad en Lara,
le preocupa el incremento de las ejecuciones perpetradas por funcionarios uniformados.
Una comisión del Consejo Legislativo del estado Lara -compuesta en su oportunidad por Víctor Martínez, Nelson Pineda y Freddy Pérez, realizó una investigación y elaboró un informe hace cinco años, en el cual se reseñan los casos de alrededor de doscientas víctimas de ejecuciones por parte de funcionarios policiales.
Pero, desde hace más de ocho años, la policía de Lara ha sumado más de 400 víctimas y tal cifra es reconocida por la Fiscalía General en los informes presentados.
Grave resulta que la mayoría de los expedientes en los cuales aparecen involucrados funcionarios policiales sigan almacenados en las fiscalías y los pocos que han pasado a los tribunales, para la realización de las audiencias de juicio, tienen retardo procesal.
El caso más emblemático para el CVCI es la muerte de la policía Lenny Sánchez, donde aparece involucrado el funcionario Ibrahim José García Gouveia, quien tiene además acusaciones por torturas continuadas a presos. A la madre de la víctima, Franca Giulanni, quien se ha movilizado intensamente para que haya justicia, los tribunales le han diferido 22 veces la audiencia.
Insólito resulta que un fiscal de derechos fundamentales maneja alrededor de 6.000 causas. Hay casos que tienen cinco años y todavía la fiscalía no ha concluido la investigación.
El Comité de Víctimas trabajó en el monitoreo de las ejecuciones del 2008 en Lara, cuando se registraron 58 casos y en el 2009, cuando aún falta más de un mes para finalizar, se han reportado 60 casos.
Ha informado el gobernador del estado que existen 500 investigaciones abiertas a funcionarios que han cometido delitos, tales como violación a los Derechos Humanos, extorsión, detenciones arbitrarias y siembra de drogas.
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