La abogada y miembro de la organización civil Ciudadanía Activa, Adriana Vigilanza, calificó la medida aplicada al edificio La Francia como una "pseudo expropiación", un procedimiento arbitrario que se encuentra fuera de la ley, y lesiona los derechos fundamentales de los propietarios.
En este sentido, Vigilanza explicó que para que se pueda concretar una expropiación primero debe existir una declaratoria de utilidad pública por parte de la Asamblea Nacional. Recalcó, además, que en tal caso "la ley exige que primero debe haber un proceso de evaluación en el que se establezca un justiprecio", lo que evidentemente no se hizo, ya que fue una orden directa del Presidente de la República dada el día anterior al desalojo.
"Esto fue una confiscación, más acorde con la Constitución de Cuba que con la de Venezuela", afirmó la jurista.
No hay razones de peso
Por su parte, el especialista de Derechos Humanos, Antonio Romero, señaló que para que un bien privado se declare de utilidad pública "deben ser esgrimidas razones de suficiente peso y alcance, fundamentadas en el bienestar colectivo, para que se justifique una medida que, de lo contrario, sería una vulneración a los derechos humanos a la propiedad, al trabajo y a la libertad económica", manifestó.
Así mismo, Romero desestimó el argumento dado por el presidente de la República, Hugo Chávez, quien señaló que los edificios aledaños a la Plaza Bolívar deben convertirse en parte del casco histórico de la ciudad capital. En este sentido, el jurista considera que la razón no es validad "porque eso puede hacerse sin la expropiación, como ocurre en otros países".
"Hay que ver cuál es el criterio que se está utilizando, pero yo estoy convencido que el objetivo es estrictamente de control gubernamental y no de interés colectivo", concluyó Romero.