EN DEFENSA DEL DERECHO DE PARTICIPACION

Los estudiantes y el público democrático de Venezuela coinciden en repudiar el alevoso atentado de la Guardia Nacional, que de una manera violatoria de la libertad, sin mediar la orden de la autoridad competente, (CNE) procedieron a desalojar drásticamente, a los diversos grupos de jóvenes estudiantes, que se habían encadenado en la sede del propio CNE, en la Plaza Venezuela (Caracas), con el premioso objetivo de que fueran, urgentemente, instaladas, puntos de inscripción con registro electoral, en las universidades del país, antes del 15 de Abril próximo, fecha en que perentoriamente vence el plazo previsto, en el Registro Electoral.

Esta actitud de los jóvenes, se mira como consecuencia directa, de la desidia manifiesta adoptada por las autoridades del CNE, que sin razón alguna aducida justificadamente, han demorado dar la debida correspondencia a esta petición, a lo cual están expresamente obligados por el mandato imperativo de la Ley, lo que constituye gravamen irreparable, por la caducidad de los lapsos previstos por el proceso comicial.

Con las lesiones y golpes inferidos, que signaron este repudiable comportamiento de la Guardia Nacional, que constituye a todas luces, una intervención descarada y abusiva del proceso electoral, que por su gravedad y contenido tipifica una poderosa restricción del derecho de participación, previsto en el artículo 70 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, que todos los grupos de opinión, los medios de comunicación social, las asociaciones solidarias y los frentes pro defensa y protección del voto, cuya custodia y guarda debe proteger con ahínco, todo el país nacional.

Si en verdad, estuvieran bien compenetradas de sus obligaciones y fines institucionales, las propias autoridades del CNE, ya habrían expresado su rechazo y protesta a la violación, de su recinto y a lo que significa este acto de fuerza contra una actitud cívica y pacifica de quienes reclamaban su derecho de sufragio. Lo que daría mucha confianza y sería una demostración de garantía y trasparencia de un proceso electoral definitivamente deslastrado de los expedientes de la violencia.

Es un signo que oscurece el presente proceso electoral, pues transcurre asediado por la pugna entre la autoridad, que desconoce y atropella la norma y los grupos democráticos, que no paran límites, ni omiten oportunidad cívica y pacífica, para que prevalezcan sus derechos y no se viole y restringa la dignidad de la persona humana.

Es que se demanda con ahínco, la existencia institucional y permanente de un régimen de participación política y de asidua adhesión y observancia de valores democráticos, que liberados de toda persecución y violencia, constituyan un binomio de perdurable vigencia, en el seno de una asociación de hombres libres, donde la democracia se conciba como el único sistema susceptible de absoluta libertad.

A las ideas señaladas se imbrica el sustantivo concepto libertad, para ensanchar el ámbito de fundamentales elementos, que dan sentido y realización a la gestión democrática propugnada por los ciudadanos, en el propósito de alcanzar, al amparo de esa libertad, sus más nobles iniciativas y comunes aspiraciones. Este sería el más adecuado ámbito institucional para la cabal aplicación de los Derechos Humanos.

Por eso, al comparar las relaciones que se generan entre el sistema electoral y el sistema educativo, surge de inmediato esta relevante circunstancia: cuando se abre el Registro Electoral Permanente, sus efectivos lo forman la matricula escolar de los jóvenes que cursan Educación Secundaria y Post Secundaria, cuyas edades coinciden con la exigida para los nuevos electores. Por obra de esa coincidencia, se vienen acumulado irregularidades, que actúan a manera de traba, que restringe en forma sistemática y continua la inscripción de nuevos votantes del Registro Electoral Permanente.

Insistimos: debe quedar bien claro, no es que existe incompatibilidad de la ciudadanía de nuevos electores, para cumplir con el derecho de participar que establece la Constitución Bolivariana y para llevar a cabo su inscripción en el REP y se establecen irregularidades que persisten en las zonas rurales. Pueden ser ciertas y seguramente de poca monta. Existe una irregularidad mayor, común a toda Venezuela y procede de un lamentable incumplimiento por el sistema educativo de los objetivos que la Constitución establece para la educación.

Desde columnas de la prensa escrita y otros medios de comunicación social, no cesamos en la prédica insistente, que nuestra educación en los actuales momentos, no forma integralmente el ser para la vida y el ejercicio de la democracia. Tampoco forma integralmente el hombre, técnicamente experto y moralmente libre, ni lo prepara para el cambio tecnológico, en esta revolución de las expectativas crecientes.

Al no impartir estos tipos de enseñanza, se incumplen los objetivos específicos que signa la Carta Magna a la Educación. Tal incumplimiento de fines se pone de relieve, al comprobar, por ejemplo, que una relevante porción de jóvenes no se incorporan al REP, ni se alistaron en el Servicio de Conscripción Militar.

En cambio, al omitirse estas exigencias legales, nuestra educación sistemática deja abierta la vía para que los jóvenes, al no comprender el sistema de libre participación y por no estar enteramente preparados para actuar dentro de sus institucionales relaciones, se deja consumir por el escepticismo, la inseguridad o la frustración y apura con desolación sus funestas consecuencias.

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