Presidente de Fundacebolla: La falta de experiencia causó fracaso de Agropatria

El Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió el recurso de nulidad contra los decretos de expropiación y ocupación de Agroisleña, Sucesora Enrique Fraga Alfonso y de sus empresas asociadas relacionados con la dotación de insumos agrícolas.

La decisión de admitir el recurso de nulidad, representa para los agricultores la esperanza de recuperar a una de las organizaciones más sólidas y comprometidas con el agro venezolano.

Juan Carlos Gómez, presidente de Fundacebolla y exdirector de la planta de semillas híbridas de Venezuela, empresa filial de Agroisleña, destacó que la organización tuvo una visión amplia y enriquecedora para el sector productor. “Comencé a trabajar en la empresa a los 17 años, y vimos con nuestros propios ojos cómo el esfuerzo del señor Enrique Fraga Alfonso dio importantes resultados en materia agrícola”.

Gómez describió a Fraga como un visionario de la agricultura, característica que permitió la aceptación por parte de los productores a lo largo y ancho del país. “Obtuvimos la confianza en la compañía, y fuimos líderes en la producción de semillas, agroquímicos y riego. Teníamos todo para el agricultor. En los últimos años estábamos recibiendo cosechas, lo que faltaba era producir la harina”.

Los pequeños, medianos y grades productores podían obtener financiamiento, sin distingo político o social. “El mercado era para todos. El 60% de los productos que necesitaba el sector agrícola lo teníamos y dotábamos en Agroisleña”.

Tras la expropiación y conformación de Agropatria, mayores han sido los sinsabores de los trabajadores del campo. “El Gobierno tendría sus razones para ordenar la expropiación. Sin embargo, no debió salir de la estructura gerencial de forma tan abrupta. La ignorancia y falta de experiencia generó fracaso de Agropatria y la escasez de insumos”.

Más allá de las consideraciones políticas, el deterioro de la empresa es una realidad que el Gobierno no puede ocultar.

Foto: Archivo

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