Por la época decembrina, hace ya algunos años, escuché una conversación entre una señora de servicio doméstico y una amiga. Hablaban de celebrar los días navideños. En un momento de la conversación la señora se quedó en silencio por breves momentos, luego agregó: «En la cuadra del barrio donde vivo la gente no va a celebrar la navidad porque en cada casa hay duelo. A quien no le mataron a un hijo, le mataron al marido o al sobrino o le violaron a la hija. En todas las casas hay luto y mucho dolor». Mi amiga hizo un gesto de asombro y enseguida cambió de conversación y le pidió que terminara el almuerzo.
La señora vivía en el barrio Brisas del Sur, en San Félix. Terminaban los angustiosos años ’90 y un nuevo siglo asomaba su rostro de incertidumbre. De ese tiempo a la actualidad han pasado poco más de 12 años, y la sociedad venezolana ha mostrado el lado más ruinoso y criminal de su alma.
La maldad del venezolano no parece tener límites y cada vez tiene más rasgos de sadismo e impunidad. Y esto es posible porque el criminal percibe que en la estructura del Estado los sistemas encargados de controlar la criminalidad son laxos y en la práctica no castigan al culpable.
Por ello pareciera una contradicción ver cómo en los medios de comunicación aparecen personas, quienes representan a ONG’s defendiendo, por ejemplo, los derechos humanos de los presos en las cárceles.
Ciertamente que como seres humanos que al fin y al cabo lo son, no es justo que cumplan sus penas en sitios antihumanos. Pero por qué no se anteponen a esos registros visuales la presencia de quienes padecen la tragedia de un familiar, de un amigo, de una cercana persona que ha sido asesinada o violada o secuestrada. Por qué no mostrar y darle primacía y mayor protagonismo a esos seres humanos a quienes les fueron arrebatados los cientos de miles de venezolanos asesinados o que están secuestrados.
Responsablemente afirmo que un violador de menores de edad o quien haya asesinado con premeditación, ventaja, alevosía y sadismo a una anciana, o que haya secuestrado, violado y mutilado a un ser humano, pueda ser regenerado por el sistema judicial y educativo venezolano. Eso es sencillamente un imposible. En esos casos como en otros, todos horrendos, se debe condenar a la persona a cadena perpetua y trabajos forzados.
Creo que se debe atender, tanto material como psicológicamente a los miles de anónimos venezolanos que sufren y quedaron mutilados o minusválidos por las balas o las secuelas espirituales por el drama de la violencia.
Sugiero que quienes en la actualidad permanecen en las cárceles y deben cumplir su sentencia, el gobierno del Estado los clasifique según el tipo de crimen cometido. Porque no es igual quien ha arrebatado una cartera y robado por hambre o usado sustancias psicotrópicas, a quien ha violado a un menor de edad o ha cometido un secuestro o ha cometido un hecho de corrupción.
El Estado venezolano debe diseñar un plan de trabajo “obligatorio y estricto” que permita el uso de la fuerza bruta de esos penados. Utilizar esos seres, por ejemplo, en la construcción y reparación de carreteras, en la instalación de vías ferroviarias, en la limpieza de calles y avenidas. En la limpieza de cañerías, en el desarrollo de campos agrícolas, en la construcción de viviendas, entre cientos de áreas donde los penados pueden desempeñarse y el Estado contar con mano de obra que no tiene por qué cancelar nada, salvo garantizarle sus derechos humanos, su alimentación y su salud.
En el pasado otras sociedades se desarrollaron a partir del uso de la mano de obra de estos condenados a prisión. Por el contrario, mientras se continúe manteniendo a estos seres en hacinamiento constante, sin planes de asistencia penitenciaria, será cada día más difícil la recuperación y reinserción plena de ellos como ciudadanos virtuosos y respetuosos de las leyes.
