UN RAZONAMIENTO DE LOCOS

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 Cualquiera que se atreva a criticar las repetidas y voluntarias acciones inconstitucionales del Gobierno de Venezuela, la venalidad creciente de las clases dirigentes, la corrupción de quienes son parte de los clanes de poder, el aplauso incondicional de los altos funcionarios festejando el abuso y las arbitrariedades, es descalificado con los peores insultos; son los parias de la Revolución.

La disensión se castiga duramente, y, más aún, si se advierte que el país está siendo entregado a terceros, en desmedro de nuestra soberanía e independencia.

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Tenemos ya algunos años en que las ramas del Poder Público Nacional se sienten con el deber de dar su «aporte» a la política del Gobierno que conduce a un llamado socialismo bolivariano y «democrático», como lo afirmó el Magistrado Vegas Torrealba del TSJ el 5 de febrero de 2011.

El presidente Hugo Chávez cree estar investido de todos los poderes constitucionales, en particular después que recibió de los diputados integrantes de la antigua Asamblea Nacional, una ley habilitante para resolver con la urgencia debida, las calamidades públicas producto de las inundaciones ocurridas en el país.

En ninguna parte de su texto le fue delegada facultad para dictar muchos de los Decretos con fuerza de Ley que ha publicado en Gaceta Oficial.

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Tres ejemplos: el decreto con fuerza de ley que crea el Consejo de Estado, el que se refiere al trabajo y a los trabajadores y trabajadoras y el del Fondo de Ahorro Nacional de la clase obrera y al fondo de ahorro popular. Para todos el Presidente ha utilizado a la Sala Constitucional con el fin del respaldo incondicional.

Son decretos sin fundamento jurídico alguno, por cuanto las materias que regulan no se mencionan en la Ley Habilitante, de allí que constituyan una violación a la soberanía nacional en los términos consagrados en la Constitución, una usurpación de competencias a la Asamblea Nacional, una violación a la representación popular que recibió el presidente de la República. Otro costo colateral de la Revolución.

La consigna de la violación de nuestra soberanía por parte de la CIDH y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de sin sentido es un razonamiento de locos. Solo buscan eliminar el derecho constitucional (artículo 31) a denunciar ante los organismos internacionales creados para tales fines, los abusos de que somos objeto todos los días. Es el fin del amparo internacional de nuestros derechos humanos.

Por ofrecer salvaguardar la soberanía de Venezuela, los venezolanos nos quedamos sin soberanía.

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@cecisosag

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