Es común escuchar a voceros y jerarcas de régimen actual que el socialismo del siglo XXI puede definirse como un sistema donde lo que predomina es lo social o, dicho más claramente, vivimos en un estado social.
Pienso que por estado social hemos de entender no sólo una configuración histórica concreta, sino también un concepto claro y distinto frente a otras estructuras estatales, hemos de considerarlo como un sistema democráticamente articulado, es decir, como un sistema en el que la sociedad no solo participa pasivamente como recipiendaria de bienes y servicios, sino que a través de sus organizaciones, toma parte activa tanto en la formación de la voluntad general del estado como en la formulación de las políticas distributivas y de otras prestaciones estatales. Dicho de otro modo, cualquiera que sea el contenido de lo social, su actualización tiene que ir unida a un proceso democrático, más complejo, ciertamente, que el de la simple democracia política, puesto que ha de extenderse a otras dimensiones.
Por consiguiente, el estado social en su genuino sentido, es contradictorio con el régimen autoritario, es decir, con un régimen en que la participación de los bienes económicos y culturales no va acompañada de la participación en la formación de la voluntad política del estado, ni de la intervención de los afectados en el proceso de distribución o asignación de bienes y servicios, sino que las decisiones de uno y otro tipo se condensan en una persona o grupo de personas sin control alguno ni posible apelación. El ciudadano en su cualidad política abstracta o en su cualidad social completa no posee otro papel que el de recipiendario, pero no el de participante en las decisiones. Solo en grupo que detenta el poder decide qué organizaciones van a ser oídas en sus demandas sin ninguna posibilidad de regulación o control.
Al programar, planificar y prestar servicios sociales es necesario la eficacia, y para garantizarla son imprescindibles adecuados elementos detectores y reguladores. En el estado autoritario solo el grupo gobernante está en disposición de determinar la eficacia de sus medidas y es, en última instancia el único elemento regulador; todo lo demás no pasa de la categoría de índices a ser procesados únicamente por él, simplismo que quizá pudiera ser funcional si es sistema político se moviera dentro de un ambiente simple, pero que deja de serlo cuando ha de moverse en un ambiente complejo, caso en el cual la eficacia del sistema exige una pluralidad de reguladores.
Para asegura la existencia de este tipo regímenes el grupo gobernante trata de excluir todo tipo de propuestas o conflicto social a fin de asegurar la estabilidad del sistema político o, o a fin de cuenta, asegurar el poder.
