El tema constituye uno de los aspectos centrales que se debate en la Cumbre Mundial Río + 20 que se realiza actualmente en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. La propuesta proviene del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Pnuma, puesta en escena desde finales del 2008, está asociada a la conformación de un mecanismo integral y práctico de trabajo, mediante el análisis y apoyo a las políticas de inversión en los sectores verdes y para reconciliar a los sectores hostiles con el medio ambiente.
Independientemente de las diversas interpretaciones que puedan hacerse acerca de la misma y de los aspectos positivos o negativos que puedan asignársele, las tesis de la economía verde surgen en el contexto de la crisis económico-financiera que sacude a los principales países desarrollados, a raíz del estallido de la burbuja de las hipotecas inmobiliarias, en el 2007, cuyas implicaciones de naturaleza política y social, coloca nuevamente en discusión la pertinencia del modo de crecimiento y, por consiguiente, la elaboración de alternativas, desde una perspectiva global, planetaria, si se quiere, donde la dimensión ecológica o ambiental es un aspecto recurrente e imprescindible.
Par el referido Pnuma, la economía verde es un modelo desarrollado para mejorar el bienestar del ser humano y la equidad social, el cual busca reducir en forma significativa los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas. Por esta vía, se propiciar el aumento de los ingresos y la creación de empleos mediante inversiones públicas y privadas destinadas a disminuir las emisiones de carbono y la contaminación, promover la eficiencia energética así como el uso consciente de los recursos naturales, y evitar la pérdida de diversidad biológica y de servicios de los ecosistemas.
Además, contempla tres actividades principales, que son producir un Informe sobre la Economía Verde y los materiales relacionados con la investigación, que analizará la sostenibilidad macroeconómica, y las implicaciones para reducir la pobreza de las inversiones verdes en una amplia gama de sectores; prestar servicios de asesoramiento en maneras de avanzar en lo que sería la concreción de dicho modelo en países específicos; e involucrar a una amplia gama de organizaciones no gubernamentales de investigación, empresas y socios de la Organización de las Naciones Unidas, en la aplicación de la propuesta en cuestión.
Como es de imaginar, más allá del plano teórico y de los postulados que la justifiquen, está el cuestionamiento de los acuerdos con base en los resultados que arroja el balance a la hora de su puesta en pràctica por los diferentes gobiernos, precisamente dos décadas despues de Río 92, cuyo ejemplo más ilustrativo es el de los Estados Unidos y la renuencia a firmar y adoptar el protocolo de Kyoto.
La multiplicidad de intereses también conspira contra la viabilidad de dicha iniciativa, toda vez que está en juego la voluntad política de 193 países, por un lado; las expectativas de las grandes corporaciones transnacionales que, progresivamente van ajustando sus estrategias de negocios a los requerimientos del desarrollo, por el otro; a lo cual se agrega las demandas planteadas por las organizaciones y movimientos sociales que agrupan la denomnada sociedad civil, entre las cuales existen diferencias marcadas.
En el debate de Río + 20, las acusaciones contra los organismos de la ONU, tales como Unicef, OMS, Unesco, PNUD y Pnuma, han estado a la orden del día, revelándose dudosas vinculaciones entre ellas y los grandes emporios comerciales, acusados de violación de los derechos humanos, sociales y ambientales, lo cual, a decir de especialistas en el tema, forma parte de un proceso de cooptación evidente que cada vez más pone en entredicho la legitimidad y transparencia de esas instituciones y la necesidad de reformarlas.
