La noche del viernes 15, a pocas horas de vencérsele la Ley
Habilitante que pidió a la anterior Asamblea cuando ya había sido
sustituida por los votantes el 26 de septiembre, con irresponsabilidad
y alevosía, este gobierno le montó una emboscada a los venezolanos. Nos
impone once nuevos Decretos leyes que nada tienen que ver con el
objetivo de la habilitante y que mucho daño pueden hacer a la economía
nacional por sus estragos en la confianza, la inversión, las
oportunidades y el empleo.
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El 17 de noviembre de 2010, el actual Presidente solicitó una Ley
Habilitante con la justificación de hacer frente a la situación
provocada por las intensas lluvias de esos días en diversas zonas de
Venezuela. La extensión de dieciocho meses y la inclusión demasiado
general de áreas de competencia muy amplias, hacía sospechar que se
intentaba eludir la voluntad de los ciudadanos que eligieron un poder
legislativo distinto al anterior, manejado a placer por el
oficialismo. En ella se incluyó una serie de materias que nada tenían
que ver con las lluvias, y que en el fondo solo buscaba imponer,
tramposamente y en complicidad con los demás órganos del Poder
Público, dóciles a la voluntad presidencial, aquellas propuestas de
reforma a la Constitución que fueron rechazadas por los venezolanos el
2 de diciembre de 2007.
Se aprovechaba el sufrimiento de los venezolanos que en ese
momento padecían, y así continúa hoy la mayoría de ellos. Se usó los
embates de la naturaleza, para meter gato por liebre, con leyes hechas
a la medida con el proyecto político del personalismo presidencial,
consistente en debilitar a la sociedad frente al Estado y sacrificar
al Estado en el altar del poder concentrado en un hombre.
Prepotente, el Presidente declara, guapo y apoyado por poderes
públicos sumisos, que «estas nuevas leyes son para fortalecer los
proyectos socioproductivos en beneficio del Poder Popular». Pueden
beneficiar al poder, ciertamente, pero no al pueblo. Así que no metan
al pueblo en eso. Primero que todo, porque no estaba habilitado para
regular esas materias que tramaron a escondidas, por miedo al debate
abierto que significaría llevarlas a la Asamblea, aunque la han
maniatado con un reglamento castrante y le pusieron un caporal para
garantizar su improductividad.
La convicción de que ninguno de los Poderes Públicos hará nada por
remediar y sancionar el abuso y extralimitación de funciones en las
que ha incurrido el Presidente, es otro motivo para luchar, con todas
las fuerzas y recursos democráticos a nuestro alcance, por cambiar las
cosas en nuestro país.
Se decreta, junto a otras diez leyes de nocivo impacto social, una Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y otras Atribuciones, cuyo propósito evidente
es profundizar el desconocimiento de la pauta de la Constitución de
1999 de un Estado Federal y Descentralizado que organiza al país en
Estados y Municipios. Este gobierno personalista y centralizador
siempre ha querido debilitar y, al final del camino, desaparecer
alcaldías y gobernaciones, para secuestrar y poner en manos del
Presidente, a través de delegados suyos, políticos o militares, todas
las atribuciones que legalmente les corresponden.
Estos once nuevos decretos leyes, como la mayoría de los cuarenta y
tres antes sancionados, van mucho más allá de las atribuciones
otorgadas por la habilitante y acentúan el debilitamiento de la
institucionalidad democrática y socavamiento de la Constitución.
Es nuestro deber denunciarlo, actuar y ofrecer a los venezolanos un
camino para cambiar las cosas para bien. El camino lo hay. El derecho,
y el deber, de los venezolanos es recorrerlo, para dirigirnos al
progreso que queremos y merecemos.
