El gobierno español prepara una nueva ley que le permitirá intervenir de forma inmediata bancos en apuros y liquidarlos si no presentan un plan de saneamiento creíble, informó el jueves el Ministerio de Economía.
La medida facultará una «intervención temprana» de cualquier entidad por parte del Banco de España. De hecho, bancos en teoría solventes podrían verse afectados si se estima que podrían tener problemas en el futuro.
Con esta legislación, que tiene previsto aprobarse el viernes, el gobierno intenta evitar otro caso como el Bankia, cuarto banco del país ibérico, que tuvo que ser nacionalizado en mayo tras reconocer un agujero de 19.000 millones de euros (23.500 millones de dólares).
El problemático sector financiero español soporta una cartera estimada de 176.000 millones de euros (221.205 millones de dólares) en activos tóxicos, promociones, viviendas y suelo cuyo valor ha caído en picado tras el colapso inmobiliario en el 2008.
La falta de liquidez de varias entidades forzó a España a solicitar un rescate de hasta 100.000 millones de euros (125.000 millones de dólares) a sus socios europeos para sanear la banca, lo que está obligando al gobierno a endurecer algunas leyes del sector para acceder al préstamo.
En septiembre se conocerán los resultados de una exhaustiva auditoría de los bancos más afectados por el pinchazo de la construcción.
También se esperaba el viernes que Madrid diera luz verde al llamado banco malo, otra de las condiciones impuestas por Bruselas para liberar el programa de asistencia económica.
Sin embargo, la prensa local informó que la creación de esta entidad podría retrasarse al menos una semana más. Un banco malo nace con fondos públicos o privados para comprar activos tóxicos de otros bancos, generalmente a precios fijados por agencias de tasación.
El banco malo no es un banco como tal. No acepta depósitos ni facilita créditos, pero sí hace negocio con los activos que ha adquirido.
Finalmente, el ejecutivo que preside Mariano Rajoy también aprobará una prórroga de la ayuda de 400 euros (494 dólares) que cobran los desempleados de larga duración y que en algunos casos subirá a 450 euros (565 dólares).
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