Diputados investigarán gestión en Concultura

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La plenaria del Consejo Legislativo del estado Lara, aprobó la conformación de una comisión especial que investigue la presunta comisión de delitos en la gestión del Consejo Consultivo de Cultura (Concultura), actualmente a cargo de Carlos Yépez, popularmente conocido como «El Pariente», ante la irregularidad que se estaría dando en la asignación de «bonos de ayuda» a los cultores de Lara.

El diputado Jhonny Colmenárez, introdujo una moción de urgencia para discutir sobre una serie de denuncias que ha recibido en torno a una gran parte de los cultores beneficiados con el pago, quienes serían familiares del presidente de Concultura o estarían vinculados con estos.

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El parlamentario afirmó poder de demostrar la irregularidad con los cheques firmados para los cultores. En las denuncias figurarían primos, hermanas y suegros cobrando bonos.

No obstante, Colmenárez indicó que desde la plenaria del Consejo Legislativo sólo se ha solicitado investigar esta situación, a los fines de evitar un señalamiento a priori sobre lo que ocurre en Concultura. «Pudiesen ser cultores también, pero nos parece curioso que gran parte tengan vinculación familiar con el presidente del organismo».

Raimundo Vale, Leonardo Torres y el mismo Colmenárez, son los diputados asignados por la presidencia del CLEL para conformar la comisión especial.
Además de la asignación de los bonos, los parlamentarios tendrán la misión de averiguar lo sucedido con la concesión de una unidad de transporte, en condición de comodato, a un grupo cultural que también estaría vinculado directamente con Yépez, mientras que el resto de los cultores del estado Lara depende del alquiler de autobuses para trasladarse a través del estado.

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Otra acusación presentada estaría relacionada con los actos para la celebración de la Cruz de Mayo, donde uno de los gerentes del área, a quien corresponde la planificación y presentación del cronograma, con la propuesta sobre la actividad, ha presentado un presupuesto de 174 mil bolívares fuertes, cuando los recursos aprobados para la actividad están por el orden de los BsF. 391 millones, casi el doble de lo que realmente se requería.

“Hay que investigar estas denuncias, porque parece que sí se han producido irregularidades en la institución, pero la certeza de ello la puede dar una investigación sobre la institución”.

 

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