El uso excesivo de la detención preventiva, además de los problemas estructurales, están entre las principales causas del hacinamiento y los altos índices de violencia que caracteriza a la mayoría de los sistemas carcelarios de América Latina, según un informe de la CIDH presentado en Panamá y en el que fue citado el caso de Venezuela como ejemplo.
El informe, que habla en términos generales de la situación de las prisiones en la región, fue expuesto por el relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rodrigo Escobar.
El documento recalca las «serias deficiencias estructurales que afectan gravemente los derechos humanos» de los presos, entre ellas el hacinamiento y la superpoblación, y el uso excesivo de la detención preventiva.
Como ejemplo de «los altos índices de violencia y la falta de control efectivo de las autoridades» en las cárceles, el informe cita el caso de Venezuela, donde «según información aportada por el propio Estado hubo 1.865 muertos y 4.358 heridos en las cárceles entre 2005 y 2008».
Escobar declaró que la CIDH considera que la crisis de los sistemas penitenciarios es el resultado de muchas décadas de falta de atención del problema por parte de las autoridades, pero también de la apatía de las sociedades que tradicionalmente han preferido mirar hacia otro lado.
«La mera construcción de cárceles no es la solución», dijo el relator, quien durante su exposición destacó la falta de programas laborales y educativos para los presos, así como la corrupción y abusos en la gestión penitenciaria.
El informe de la CIDH señala el empleo de la tortura con fines de investigación criminal, el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad de los centros de detención, y la ausencia de medidas efectivas para la protección de los grupos vulnerables, como otros problemas que arrastran los sistemas penitenciarios.
«Estos desafíos en el respeto y garantía de los derechos de las personas privadas de libertad identificadas por la Comisión Interamericana, son fundamentalmente los mismos que han sido sistemáticamente observados en las Américas por los mecanismos de monitoreo de las Naciones Unidas que realizan visitas a cárceles y centros de detención», dijo el relator.
Además de mostrar la «realidad penitenciaria», el informe de la CIDH presenta algunos avances que se han registrado en esta materia en el derecho internacional, con el fin de formular «recomendaciones concretas» a los Estados.
Escobar precisó que el documento hace mención del artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que estipula que «las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados».
Entre las recomendaciones que presenta el informe para cumplir con ese mandato está la necesidad de que los Estados adopten políticas integrales orientadas a la gestión penitenciaria teniendo en cuenta la continuidad, el marco legal adecuado, un presupuesto acorde a las necesidades e integración institucional.
En la presentación del informe estuvieron presentes, entre otros, la representante regional para Centroamérica de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Carmen Villa.
La representante de la ONU reconoció que varios Estados de la región han hecho esfuerzos importantes para cumplir con algunas de las exigencias presentes en los normas internacionales, pero dijo que falta un mayor esfuerzo y participación de la sociedad.
En esa línea, dijo que entidades como el Ministerio de Educación y el de Salud deben colaborar, al igual que el empresariado, con el sistema penitenciario, lo mismo que el Órgano Judicial y el Ministerio Público, cuyos trabajos deberían ser «más expeditos».
En cuanto a la prisión preventiva, Villa afirmó que debe estar limitada a los aspectos que señala la ley, porque su aplicación como regla general «solo contribuye a que las cárceles presenten altos índices de presos sin condenas».
En su primer informe, de 2011, el CIDH presentó los problemas más extendidos sufridos por los privados de la libertad en la región, entre ellos el hacinamiento y la violencia.
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