Abogado especialista en DDHH: Venezuela se cierra a la evaluación internacional

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Mañana 10 de septiembre, Venezuela dejará de formar parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tribunal que recibe expedientes de violaciones de los derechos civiles por parte de la CIDH, cuando los ciudadanos agotan la justicia que le proporciona los organismos internos.

Hace un año, el presidente de la República (fallecido) Hugo Chávez Frías, anunció la salida del país de este organismo internacional, después que éste falló a favor del ciudadano Raúl Díaz Peña, quien se fugó a los Estados Unidos al ser acusado de terrorista por el Gobierno venezolano y de participar en el supuesto golpe de Estado de 2002.

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Desde ese entonces, voceros del Gobierno sólo han insistido en la medida, y este martes se hace oficial la salida del país de esta instancia.

En ese sentido, Rafael Narváez, abogado especialista en materia de derechos humanos, opina: “Fue una decisión con origen en la rabia, la prepotencia y la falta de humildad del presidente fallecido”, indicó el jurista sobre lo el motivo de la decisión, “la tomó sin consultarle a las víctimas de los derechos humanos, irrespetando la Carta Magna”.

Para Narváez, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “está blindada” en materia de derechos humanos, “el preámbulo se lo dedican de forma exclusiva a los derechos humanos”, continuó. De esta manera, según el criterio del especialista, y con la salida del órgano internacional, se echan por tierra los esfuerzos realizados en la Constituyente.Además, para Narváez, la decisión del anterior presidente violentó el tratado de San José de Costa Rica, que obliga al Estado venezolano al cumplimiento de los pactos internacionales.

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Para el especialista, todo país democráticamente constituido, tiene autonomía en sus poderes públicos, sin embargo, a juicio de Narváez, en Venezuela, la Defensoría del Pueblo, figura que se creó con una aspiración de que atendiera el reclamo justo de las víctimas, “es un apéndice del partido político y sus decisiones son sesgadas…, sólo hay decisiones para quien tiene la boina roja y la camisa roja”.

Narváez sustenta su opinión en el silencio que ha guardado este organismos con los familiares de las víctimas de cuerpos del Estado, que se han valido de la justicia por sus propias manos, “como el caso del estado Falcón donde efectivos acribillaron a dos personas con más de 50 proyectiles, el taxista de Petare, el estudiante de Carabobo (asesinado por desobedecer un alto en una alcabala que no estaba identificada con un cuerpo de seguridad) y en el estado Lara, en el caso de los estudiantes”.

Además, el jurista también explicó la función del Ministerio Público, otro organismo encargado de resguardar los derechos civiles de los venezolanos: “tiene que velar por la legalidad y la buena fe de los acusados, deben garantizar del debido proceso, pero se coloca al lado de un partido político”.

Tras este panorama, al ciudadano que se le violenta un derecho, no le queda alternativa que recurrir a las instancias internacionales.

El sistema interamericano funciona de dos formas. En primer lugar, se encuentra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recibe denuncias de las personas que agotan las vías nacionales. Este organismo evalúa, y después exhorta al Estado para que corrija. De no hacerlo, la CIDH, emite un expediente que sustancia y remite a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, “un tribunal internacional del cual éramos signatarios y que llama a las partes, el Estado y las víctimas, para que participen y establecer las responsabilidades del caso”, explicó. A partir de mañana, el Estado venezolano no formará parte de estos organismos.

Sin embargo, el especialista explicó que “el brazo de la justicia internacional es largo. El mundo, siempre estará pendiente de la labor en DDHH de un Estado y los activista van a insistir en el cumplimiento. Venezuela va a estar en el ojo del huracán de esas instancias porque los derechos humanos son irrenunciables”, aclaró.

Venezuela se cierra

Además, Rafael Narváez indicó que el Estado venezolano a manos del Gobierno nacional, busca alejarse de la supervisión y evaluación a la cual estuvo sometida mientras formó parte de este organismo.

“Venezuela nunca ha querido dejar entrar a una comisión que levante un informe en el sitio sobre la violación de los derechos humanos”, dijo Narváez. “Desde los primeros años de este Gobierno siempre le hemos pedido que invite a la Organización de Estados Americanos para que haga una inspección, pero el Estado nunca lo ha aprobado”.

A su vez, el papel de los activistas en derechos humanos en el periodo de este gobierno también se han visto limitado, según explica el entrevistado. “A los activistas en DDHH se les cerró la puerta, porque cuando se han agotado las instancias, no se les permite que las víctimas denuncien y participen. Lo que hemos hecho son las denuncia extra jurídicas, a través de los medios de comunicación para hacerlo público y notorio”, sentenció.

Para finalizar, Rafael Narváez considera que el Tribunal Supremo de Justicia debería pronunciarse en contra de la salida de CorteIDH, debido a la disposición que está tipificada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a apegarse a los tratados internacionales que, en materia de derechos humanos, ha suscrito el Estado, “deberían hacer una constituyente, porque se está violando la Carta Magna”. Además, la misma Constitución establece que el Estado respetará los avances progresivos que en DDHH se desarrollen, sin embargo, la salida de los organismos supranacionales son considerados por Narváez como un retroceso.

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