La mayoría chavista del Parlamento venezolano votará este martes el desafuero de una diputada opositora acusada de corrupción, en una acción que la oposición denuncia como una maniobra para asegurarle al presidente Nicolás Maduro la aprobación de una ley que le dará «superpoderes» para gobernar por decreto.
En caso de que se le retire la inmunidad a la diputada María Mercedes Aranguren, electa por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y quien se pasó a la oposición, su escaño será asumido por su suplente, Carlos Flores, definido por el oficialismo como un «chavista» que votaría por aprobar la llamada «ley habilitante», que permitirá legislar por decreto a Maduro durante un año.
Al chavismo le falta un solo voto para aprobar esa ley con las tres quintas partes del Parlamento; es decir 99 de los 165 diputados, como señala la Constitución.
«Burgueses de pacotilla, esa diputada fue electa con los votos del chavismo y su suplente es chavista», aseguró el sábado el presidente de la Asamblea Nacional y segundo al mando del PSUV, Diosdado Cabello, al anunciar que la mayoría chavista aprobará el desafuero de Aranguren.
Más opositores investigados
El miércoles pasado y basado en denuncias de 2008, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) resolvió que hay méritos para enjuiciar a Aranguren por presunto peculado, asociación para delinquir y legitimación de capitales basado, y pidió al Legislativo que le retire el fuero a fin de que sea procesada.
Pero la diputada y la oposición denuncian este proceso como una estrategia del gobierno y el PSUV para aprobar la solicitud de «superpoderes» de Maduro, realizada el 15 de octubre para impulsar su cruzada anticorrupción y contra una supuesta «guerra económica» de la oposición contra su gobierno.
«Nosotros vamos a allanar la inmunidad parlamentaria (…) y vamos a aprobar también la ley habilitante para que ustedes tiemblen mafiosos y darle al compañero Nicolás Maduro poderes habilitantes para luchar contra la corrupción y contra la guerra económica», agregó Cabello el sábado.
La diputada denunció que el TSJ actuó por «encargo» del gobierno y reiteró que ha habido «presiones» del PSUV sobre diputados para que den su voto a esa ley.
De su lado, Flores se ha mantenido al margen de la discusión, pero en septiembre pasado declaró a un diario local que «apoyaría» la habilitante la ley habilitante.
Aranguren sería la segunda diputada opositora que se queda sin el fuero parlamentario, luego de que en julio la mayoría chavista también despojó de su inmunidad a Richard Mardo, miembro del partido Primero Justicia (PJ) del líder opositor Henrique Capriles, acusado de presunta corrupción.
El TSJ también analiza actualmente si aprobará el proceso de desafuero del diputado opositor Juan Carlos Caldera, además de que otros miembros de la oposición son investigados por la Fiscalía por presuntos actos de corrupción, entre ellos el gobernador del estado Lara (oeste), Henri Falcón, numero dos de la oposición.
‘Superpoderes’ para resolver la crisis
Maduro insistió el domingo en la necesidad de obtener los superpoderes para colocar margenes máximos a las ganancias de los empresarios en su lucha contra la inflación récord, que anualizada a octubre se ubicó en 54,3%, y endurecer las regulaciones y sanciones contra los especuladores.
El anuncio forma parte de una campaña de fiscalización de precios, principalmente de productos importados, que comenzó el viernes con una cadena de electrodomésticos, en la que fue reducido en hasta 50% el precio de sus artículos que, según el gobierno, fueron elevados de manera irregular.
El presidente defiende además la habilitante para combatir la corrupción, ya sea en filas opositoras como chavistas. Empero la disidencia lo acusa de pretender utilizar esa ley contra sus adversarios políticos de cara a las elecciones municipales del 8 de diciembre, consideradas una suerte de plebiscito sobre el gobierno que sucede al del fallecido Hugo Chávez.
Si Flores ingresa a la cámara en lugar de Arangueren sería «el diputado que le faltaba (al chavismo) para lograr la mayoría cualificada que les permita emitir los poderes especiales a Maduro, pero es un arma de doble filo que puede tener un efecto negativo contra las candidaturas del oficialismo» en las municipales, estimó la consultora política Carmen Fernández.
«El presidente tiene cientos de herramientas a su alcance contra la corrupción, no le hace falta tener poderes extraordinarios», agregó Fernández.
Todos los presidentes venezolanos han tenido poderes especiales en los últimos 40 años, entre ellos Hugo Chávez, quien emitió más de 200 leyes con estos superpoderes en 2000, 2001, 2008 y 2010.
