506 internos fueron asesinados y 616 resultaron heridos en las cárceles venezolanas durante 2013, indica el balance ofrecido este miércoles por la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones.
Su director, Humberto Prado, presentó el informe anual con información extraoficial, que revela que persisten los factores que determinan que Venezuela sea uno de los países de la región con mayor número de bajas entre sus privados de libertad.
«Desde 1999 hasta el 2013 han fallecido 6.163 internos y 16.208 han resultado heridos, lo que quiere decir que 22.2371 internos han sido tocados por la violencia carcelaria, con un promedio de edad de 28 años. Por eso abrimos nuestra presentación con el título «Exterminio de presos en Venezuela», manifestó el activista de DDHH.
Los penales más violentos de 2013 fueron: el Internado Judicial de Maracaibo (Sabaneta), evacuado tras un motín que dejó 40 muertos en septiembre, y que en total arrojó 79 víctimas; Tocuyito (Carabobo), con 70 muertos, y en tercer lugar quedó el reten de Uribana, igualmente cerrado tras la masacre de enero de 2013 con un saldo de 63 víctimas.
Le siguen en violencia la cárcel de Tocorón (Aragua), con 51 muertes, y la Penitenciaría General de Venezuela (San Juan de los Morros, Guárico), con 44 reos asesinados el año pasado.
Para poner en perspectiva la situación de violencia carcelaria, Humberto Prado comparó los números locales con los reportados por los países con mayor población penitenciaria de Latinoamérica.
«En El Salvador, donde hay 26 mil internos, murieron 16 reos en 2013, lo que significa 6 muertos cada 10 mil internos; Brasil tiene una población penal de 548 mil internos, y allí murieron 218 personas, reportando un índice de 4 por cada 10 mil. En Argentina hay una población penitenciaria de 62.263 internos y allí se registraron 38 muertes, es decir, 6 por cada 10 mil. En Venezuela se contaban 53.566 reclusos para el 31 de diciembre de 2013; aquí murieron 506, lo que quiere decir que tenemos un índice de 95 muertos por cada 10 mil habitantes», graficó Prado.
El conteo deja por fuera los asesinatos de privados de libertad registrados dentro de los centros policiales de detención preventiva, donde el año pasado murieron 41 detenidos y 239 resultaron heridos.
«Una cosa que no puede olvidar el Estado es que en el momento en priva a una persona de libertad, desde ese momento esa vida se encuentra bajo su responsabilidad», recordó el activista.
Hacinamiento
Otro dato revelador en el informe elaborado por la ONG se refiere al hacinamiento en todas y cada una de los establecimientos que albergan a los privados de libertad. A pesar de que el gobierno celebra los resultados del plan Cayapa Judicial, las cifras indican que el hacinamiento penitenciario aumentó en lugar de disminuír, lo que desmiente lo dicho por la ministra Iris Varela.
«La capacidad instalada de los 51 centros de reclusión (incluyendo los anexos femeninos de cada uno), es para albergar a 16.189 reclusos. Hoy existe un excedente de 37.377, que reporta un hacinamiento crítico de 231%», explicó Prado.
2012 cerró con 48 mil internos en las cárceles, habiendo concluído la primera etapa el plan estatal en enero de ese año. Según la ministra Varela, en 2013 salieron en libertad más 13 mil personas gracias a las cayapas. «No entendemos por qué ahora hay más reclusos que antes, habiendo sido tan efectivo como ellos dicen», señaló el activista de DDHH.
Cuestionamientos
En relación con las Cayapas Judiciales (en las que participan el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Asuntos Penitenciarios y la Defensa Pública), Humberto Prado expresó serias dudas sobre el posible impacto negativo de la liberación masiva de presos a la sociedad, sin estar rehabilitados.
«Existen unas reglas que obligan a la realización de estudios psico-sociales que debe aprobar el reo para recibir un beneficio, y en una audiencia de cinco minutos es imposible evaluar objetivamente estos factores. Yo creo firmemente y soy defensor del sistema gradual de libertades que establece el COPP, pero puede hacer mucho daño estar otorgando libertad a personas que no tienen el perfil para regresar a la sociedad», advirtió Prado.
Además, acotó, el llamado «Régimen de Confianza» que hoy aplica el Estado esta basado en el Código Orgánico Penitenciario «inconstitucional» que aprobó la Asamblea Nacional en agosto de 2013, el cual aún no ha sido publicado en Gaceta Oficial y por lo tanto carece de vigencia legal.
Por otro lado, otro gran punto para cuestionar el Plan Cayapa son sus resultados, agregó Prado. «No han logrado bajar el retardo procesal, pues de 53 mil 500 reos, 34 mil 624 son procesados y tan sólo 16.010 es población penada», concluyó el abogado.
