#Opinion 15 días, 15 años. Por: Andrés Cañizález

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Los primeros 15 días de junio, de este junio de 2014, ejemplifican con bastante claridad el clima

regresivo que se ha vivido en Venezuela en materia de libertad de expresión. En los últimos 15

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años la constante ha sido un progresivo desaparición de espacios, junto a una persistente violencia

y el uso de mecanismos indirectos para el control de los contenidos, bien sea con la promulgación

de leyes o decretos, así como con la asignación de la publicidad del Estado como mecanismo

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para premiar o castigar líneas editoriales. Algunos ejemplos de este clima negativo que marca la

libertad de expresión e información, con repercusiones directas en quienes ejercen el periodismo.

La jefa de información del diario El Oriental de Maturín, Anne Córdoba, fue intimidada el pasado

martes 10 de junio cuando se encontraba cubriendo una manifestación estudiantil en el centro

de Maturín, estado Monagas. Córdoba fue empujada en dos oportunidades, pese a que estaba

identificada con el uniforme del diario para el cual labora y señalada de que “todos los periodistas

son unos mentirosos”.

La dinámica de las agresiones es persistente, como la lógica controladora desde quienes ejercen

el poder. El vicepresidente de la comisión de Medios de la Asamblea Nacional, Julio Chávez,

propuso el pasado 8 de junio realizar un debate en el país sobre el uso de las redes sociales. El

parlamentario asegura que se apoya en el artículo 60 de la Constitución, donde se establece

que «toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia

imagen, confidencialidad y reputación. La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el

honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de

sus derechos”. A juicio de Chávez (PSUV, Lara), “es importante que hagamos en el país un debate

sobre la necesidad de que podamos establecer un marco referencial para que el uso de las redes

sociales sea en función de la paz y no precisamente de la violencia”.

En estos días de junio, en la sede de los tribunales del Estado Lara, en una cartelera del tercer

piso del Edificio Nacional, se colocó un aviso oficial en el cual el Juzgado Tercero de Primera

Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, instruye

a los abogados litigantes a dejar de publicar edictos, carteles de remate y citación, en el diario

El Impulso. Se trata de un abierto caso de discriminación en materia de asignación de publicidad

oficial.

Al economista y profesor universitario José Guerra le fue censurada su columna semanal de

opinión que publicaba en el diario Últimas Noticias los lunes. Los textos de Guerra abordaban

de forma crítica diversas aristas de la realidad económica del país. El pasado 5 de junio le

notificaron vía telefónica que, por órdenes de Héctor Dávila presidente del grupo Últimas Noticias

(anteriormente Cadena Capriles), no le serían publicados sus artículos. La salida de Guerra se da

tras una relación de aproximadamente 10 años.

El aparato de censura oficial que finalmente se impuso para lograr sacar del aire a Luis Chataing, el

pasado 10 de junio (sin explicaciones de Televén a la audiencia), sin embargo, ha dejado una arista

novedosa que no puede obviarse. Por primera vez se produce una declaración pública de una

figura periodística del chavismo para cuestionar la medida. Vanessa Davies, directora del periódico

oficial “Correo del Orinoco”, se solidarizó públicamente con Chataing. Es un hito en estos 15 años

y ocurrió en los primeros 15 días de junio.

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